La Asamblea Legislativa remitió este miércoles a la Comisión Mixta de Constitución dos proyectos de ley que plantean una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), vigente desde 2009.
Las iniciativas fueron presentadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, y por el diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, y plantean cambios en distintos ámbitos de la estructura del Estado.
El proyecto de Castro propone modificar la Constitución para fortalecer las autonomías departamentales y municipales y avanzar en la descentralización de competencias en áreas como salud, educación, seguridad ciudadana, tierra y territorio.
Por su parte, la propuesta de Alarcón plantea cambios en 30 artículos de la CPE y propone modificar aspectos del modelo económico y del sistema de justicia.
Uno de los principales planteamientos de esta iniciativa es incorporar un nuevo artículo, el 412, para “desconstitucionalizar” 30 artículos. De ese conjunto, 17 están relacionados con aspectos que, según la propuesta, mantienen blindado el actual modelo económico, mientras que otros 13 corresponden al sistema de justicia, el Ministerio Público y el mecanismo de elección de magistrados mediante voto popular.
La iniciativa plantea sustituir la elección de magistrados por un mecanismo de “designación meritocrática”.
En cumplimiento del artículo 411 de la Constitución, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, dispuso que ambos proyectos sean remitidos a la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistemas Electorales. Esa instancia deberá analizar las propuestas y elaborar el informe correspondiente.
Los dos proyectos abren un nuevo debate político y constitucional sobre el modelo económico, la administración de justicia y la distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las regiones.
De acuerdo con la Constitución, una reforma parcial requiere la aprobación de dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa y posteriormente debe ser sometida a referendo constitucional aprobatorio.