El abogado y exdiputado Tomás Monasterios advirtió sobre un presunto debilitamiento de la independencia de poderes y cuestionó que, mientras avanzan procesos contra determinadas personas, no se esclarezcan denuncias que involucran al entorno del Gobierno. En entrevista con el programa «De Primera Mano», pidió investigar los audios atribuidos al ciudadano argentino Fernando Cerimedo y reclamó respeto al debido proceso en los casos que involucran a autoridades judiciales.
Durante la entrevista, Monasterios sostuvo que existiría una concentración de poder en el Ejecutivo y cuestionó el funcionamiento de las instituciones. «Cuando vos como gobierno tenés el control del todo, terminás siendo un abusador. Terminás abusando de tu poder», afirmó, al referirse a lo que considera una intromisión en el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Asamblea Legislativa.
El exlegislador también observó que, a su criterio, existe celeridad en algunos procesos, pero no en las investigaciones sobre hechos que considera relevantes para esclarecer posibles irregularidades dentro del Gobierno. En ese contexto, cuestionó la falta de avances sobre los audios atribuidos a Cerimedo, en los que —según lo señalado durante la entrevista— se mencionan presuntas gestiones ante ministros, solicitudes de información y decisiones relacionadas con instituciones estatales.
Monasterios afirmó que el contenido de esas grabaciones merece una investigación y recordó que, según su versión, Cerimedo habría tenido una influencia que iba más allá de la de un asesor. «Era una persona que gobernaba, que tenía la capacidad de agarrar el teléfono, llamar a los ministros, pedir información, tomar decisiones», manifestó.
Asimismo, hizo referencia a un audio en el que, según su interpretación, Cerimedo habría hablado de cobrar 15.000 dólares por cada avioneta que saliera del Beni y de tener capacidad para intervenir en nombramientos de autoridades. Estas afirmaciones fueron expuestas por el entrevistado como parte de sus cuestionamientos y, señaló, deben ser esclarecidas mediante una investigación.
En esa línea, criticó que la lucha contra el narcotráfico pueda utilizarse para señalar a quienes tienen posiciones contrarias al Gobierno, mientras otros hechos denunciados no reciben la misma atención. «No sirve decir yo peleo contra el narcoterrorismo, yo peleo contra el narcotráfico, para simplemente apuntar y señalar a quien piensa distinto y está en contra del gobierno», sostuvo.
El abogado también se refirió a las denuncias relacionadas con el viceministro Maldonado y la aparición de narcomantas. Aclaró que no estaba acusando a la autoridad, pero consideró necesario que se explique públicamente la situación y que se investigue a profundidad para establecer qué ocurrió.
Otro de los puntos abordados fue la situación del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, y su salida del país en medio de las denuncias sobre una posible siembra de pruebas y amenazas contra su vida. Monasterios señaló que, si existe un proceso en su contra, debe investigarse con respeto a sus garantías. «Si el señor Saucedo tiene proceso, debe ser investigado y debe ir por el debido proceso, respetando el derecho y obviamente permitiendo que tenga el derecho a la legítima defensa», expresó.
Añadió que las acusaciones sobre una presunta intención de involucrarlo en hechos ilícitos y poner en riesgo su vida son graves, especialmente por tratarse de quien encabezaba un órgano independiente del Estado. Por ello, pidió que las investigaciones estén respaldadas por pruebas y no se conviertan en mecanismos de persecución.
Monasterios también cuestionó la gestión del presidente Rodrigo Paz y sostuvo que, en menos de un año, el país enfrenta problemas de gobernabilidad y un deterioro de las condiciones económicas. Criticó la eliminación de la subvención a los combustibles por el impacto que, según dijo, tuvo en los precios de los alimentos y el transporte. «Subieron los costos de los alimentos, subieron los costos del transporte, se desequilibró completamente la economía», afirmó.
Finalmente, insistió en que las investigaciones deben desarrollarse sin presiones políticas y con garantías para todas las personas involucradas. «Yo pido respeto al debido proceso, pido respeto a la presunción de inocencia y pido respeto a que el gobierno entienda de que existe una independencia de poderes y debe respetarse», concluyó.