El diputado de Alianza Libre, Edgar Zegarra, cuestionó la gestión del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, frente a la inseguridad ciudadana, el sicariato y el narcotráfico. Afirmó que los anuncios de planes operativos no se traducen en resultados visibles y sostuvo que las amenazas contra el presidente y su familia también ponen en evidencia las falencias en materia de seguridad.
“Más se habla que se hace. El ministro de Gobierno habla más, pero no se ven los resultados”, manifestó Zegarra durante una entrevista en el programa De Primera Mano, al referirse a los hechos de violencia que continúan registrándose en el país.
El legislador cuestionó que, pese a los anuncios de operativos y estrategias como el plan Z y Frontera Segura, además del anuncio de un mayor despliegue de efectivos policiales en Santa Cruz, los hechos delictivos persistan. Mencionó que en esa región continúan registrándose hechos violentos, sicariatos, robos y asaltos armados.
“En vez de hablar, tienen que verse los resultados”, insistió, al señalar que los anuncios de las autoridades deben reflejarse en acciones concretas para enfrentar la delincuencia.
Zegarra sostuvo que el Ministerio de Gobierno debe impulsar una política de Estado que articule el trabajo de las diferentes instituciones y autoridades subnacionales, además de coordinar acciones con los países vecinos para combatir a las organizaciones criminales.
“Entonces el ministro tiene que empezar a dar una política de Estado, hacer una acción conjunta con alcaldes, con gobernadores, hacer una acción conjunta con los países vecinos”, afirmó.
El diputado también planteó la necesidad de depurar las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Cuestionó la presencia de personas a las que atribuyó vínculos con la corrupción y el narcotráfico, y consideró que deben realizarse cambios internos para garantizar el funcionamiento de estas entidades.
“Tiene que empezar a limpiar y sacar todo este cáncer de estas instituciones. Tiene que empezar a hacer, digamos, una institucionalización seria y transparente dentro de la Policía”, expresó.
En esa línea, Zegarra cuestionó el papel que, según su criterio, desempeñó la Policía durante los últimos 20 años frente al narcotráfico. También hizo referencia a la detención de comandantes policiales y sostuvo que es necesario corregir las falencias institucionales para encarar una lucha efectiva contra las actividades ilícitas.
El legislador advirtió que, si no se asumen medidas contundentes, las organizaciones criminales podrían ampliar su influencia en las instituciones del Estado. Como ejemplo, mencionó que, según sus declaraciones, estos grupos habrían logrado ingresar al Ministerio Público y alertó sobre el riesgo de que busquen espacios en la Asamblea Legislativa.
“Si no ponemos las cosas claras y no hacemos una lucha frontal contra esto, nos vamos a arrepentir”, advirtió.
Zegarra también se refirió a las amenazas contra el presidente y su familia y cuestionó la capacidad del Ministerio de Gobierno para garantizar su seguridad. Sostuvo que, si el mandatario y sus familiares enfrentan amenazas, corresponde evaluar la actuación de la cartera de Estado responsable de la seguridad interna.
En ese contexto, afirmó que él también recibe amenazas de muerte dirigidas contra su persona y su familia, aunque aseguró que no acostumbra hacer públicas esas situaciones ni utilizarlas para victimizarse.
“Aquí no hay que victimizarse”, manifestó, al cuestionar las declaraciones sobre las amenazas y remarcar que las autoridades deben concentrarse en resolver los problemas de seguridad.
El diputado consideró que la situación representa un desafío para el Gobierno y reiteró que el ministro debe demostrar resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado, en lugar de limitarse a anunciar operativos y planes.
“El pueblo ya está cansado de que se le discuta, de que hablen y hablen y no se haga nada”, afirmó.
Finalmente, Zegarra sostuvo que el país necesita una lucha frontal contra el narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal y otras actividades ilícitas, acompañada de una reforma interna de la Policía y de las instituciones de justicia. También señaló que el Gobierno debe responder a las necesidades de la población con medidas concretas, coordinación institucional y acciones sostenidas.