La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), a través de su presidente, Josué Richard Caricari, rechazó el Decreto Supremo 5676 y exigió al Gobierno su abrogación, al considerar que el incremento del precio del diésel tendrá efectos sobre el sector productivo y la economía de las familias bolivianas.
Caricari sostuvo que la medida no afecta únicamente a los grandes consumidores, sino que tendrá repercusiones en distintos sectores de la población. “No simplemente se afecta al sector productivo, se afecta a las diferentes clases trabajadoras, a nuestras familias”, afirmó.
El dirigente cuestionó que el Gobierno recurra a decretos para aplicar medidas económicas sin tomar en cuenta a los sectores involucrados. “Hemos repudiado desde su momento que no se puede gobernar con decretazos”, señaló.
Caricari también rechazó que los problemas relacionados con el contrabando sean atribuidos a la población y responsabilizó a las autoridades por no haber encontrado soluciones. “El contrabando no es nuestra culpa, es culpa de nuestras autoridades que no saben asumir hasta ahora qué es lo que está pasando”, manifestó.
Según el presidente de FENCOMIN, el incremento del combustible puede generar un mayor impacto en el costo de vida. “La canasta familiar esta vez más se va a disparar a lo peor”, advirtió, al señalar que las familias podrían enfrentar mayores dificultades económicas.
El dirigente afirmó que el sector cooperativista minero realizó un análisis de la situación junto con sus federaciones departamentales y regionales y decidió mantener su estado de emergencia.
“Como Federación Nacional hacemos nuestro rechazo contundente y vamos a pedir que se abrogue este decreto”, sostuvo Caricari.
Finalmente, exigió al Gobierno presentar alternativas para enfrentar la situación económica y cuestionó que las soluciones se reduzcan a nuevas disposiciones. “El Gobierno tiene que dar alternativas de solución, no nosotros”, afirmó.
Caricari insistió en que las autoridades deben plantear medidas que beneficien a los trabajadores y no profundicen el impacto económico sobre la población. “Propuestas, no decretos, no imposición”, concluyó.