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Analista: el Decreto 5654 debilita el financiamiento sindical y marca un cambio en la relación entre el Estado y los sindicatos

El analista Manuel Mercado afirmó que el Decreto Supremo 5654 pone fin a la retención automática de aportes sindicales mediante planillas, por lo que, desde ahora, los trabajadores deberán realizar sus contribuciones de manera voluntaria. A su juicio, la medida tiene un trasfondo político y provocará un debilitamiento económico de las organizaciones sindicales.

El analista Manuel Mercado explicó que el Decreto Supremo 5654 establece que el Estado dejará de realizar descuentos automáticos en planillas para transferir los aportes de los trabajadores a sus organizaciones sindicales. En adelante, señaló, quienes deseen contribuir deberán hacerlo de forma voluntaria y mediante mecanismos directos.

«El gobierno se encargaba de hacer la retención de los aportes que los trabajadores realizaban para los sindicatos y, a partir de la fecha, ya no se va a realizar ese descuento», indicó. Agregó que los afiliados tendrán que efectuar sus contribuciones «a través de nuevos mecanismos, pero ya no por descuento mediante planilla».

El analista advirtió que la norma tendrá efectos inmediatos sobre el funcionamiento de las organizaciones sindicales, al dificultar la recaudación de recursos y obligar a modificar la forma en que los trabajadores realizan sus aportes.

«El primer efecto es un debilitamiento en la economía de los sindicatos. El segundo es una complejización de la relación de los trabajadores con sus sindicatos y el tercero definitivamente puede ser un efecto político», señaló.

Mercado explicó que los aportes sindicales no solo financian la estructura administrativa de estas organizaciones, sino también diversas actividades relacionadas con la representación de los trabajadores.

«Generalmente los sindicatos utilizan los recursos que reciben primero para mantener todos los gastos administrativos que requiere una institución», indicó. Añadió que esos recursos también se destinan a la organización de ampliados y congresos, al apoyo legal para sus afiliados y al financiamiento de movilizaciones.

«Muchas veces utilizan esos recursos para financiar las movilizaciones, las marchas y los bloqueos, porque cuando la gente se moviliza recibe alimentación, petardos, pancartas y afiches», explicó. No obstante, aclaró que «no todos están destinados a las movilizaciones», ya que también sostienen el trabajo institucional que desarrollan los sindicatos desde hace varias décadas.

Finalmente, consideró que la medida sí afectará el funcionamiento económico de las organizaciones sindicales, aunque aclaró que el decreto no prohíbe los aportes, sino que elimina el mecanismo de cobranza que realizaba el Estado.

«Cualquier organización necesita recursos para su funcionamiento. El no tener recursos suficientes para pagar sedes sindicales, papelería o gastos administrativos debilita cualquier institución», sostuvo. Añadió que ahora serán los propios sindicatos quienes deberán buscar nuevos mecanismos para que sus afiliados realicen sus contribuciones.

En su criterio, el trasfondo de la decisión sigue siendo político. «Reitero, es una intencionalidad política para pasarle una factura a las organizaciones que se han movilizado un par de meses atrás», concluyó.

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