La Oficina para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) reveló que 15 empresas estatales acumulan pérdidas por Bs 5.177 millones. El Ejecutivo instruyó a cada ministerio presentar un plan de acción para definir cuáles serán reestructuradas, cuáles podrán asociarse con privados y cuáles dejarán de operar.
Durante la presentación de un diagnóstico sobre la situación de las empresas estatales, el Gobierno anunció que iniciará un proceso de reestructuración del sector público empresarial y confirmó que las compañías que continúen generando pérdidas sin posibilidad de recuperación serán cerradas, mientras que las estratégicas permanecerán bajo administración estatal.
El director de la Oficina para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, informó que las 15 empresas públicas consideradas en estado crítico registran pérdidas acumuladas por Bs 5.177 millones, equivalentes al 42% de las pérdidas totales de las empresas estatales.
«Las pérdidas acumuladas de las empresas que hoy con estos recursos podríamos tener incluso un fondo de estabilización para amortiguar las variaciones del costo del petróleo alcanzan a 12.742 millones», señaló Camacho al presentar el informe. Añadió que estas 15 empresas también recibieron Bs 18.227 millones en créditos, mantienen un saldo vigente de Bs 16.273 millones y acumulan Bs 1.182 millones en cuotas vencidas, además de haber recibido Bs 8.302 millones entre aportes de capital y donaciones.
Según el funcionario, el monto comprometido en estas empresas asciende a Bs 26.382 millones. «Son recursos que no nos van a beneficiar a los bolivianos. Se gastó publicidad para hacernos creer que Bolivia iba a ser industrializada», afirmó.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que el diagnóstico no busca generar confrontación política, sino brindar información objetiva para adoptar decisiones inmediatas. «Este tema no se puede arrastrar más tiempo y este tema se tiene que someter a decisiones inmediatas», manifestó.
Lupo afirmó que el debate ya no pasa por crear o no empresas públicas, sino por determinar si estas generan beneficios para la población. «La pregunta es otra: ¿las empresas públicas que hoy tenemos están generando valor para los bolivianos o están consumiendo el recurso de los bolivianos? Y la respuesta también es clara», sostuvo.
En ese contexto, el ministro explicó que el Ejecutivo definió tres categorías para las empresas estatales. Las estratégicas continuarán en manos del Estado, pero deberán ser reordenadas, reestructuradas y transparentadas; un segundo grupo podrá acceder a mecanismos como las asociaciones público-privadas (APP); mientras que las empresas sin viabilidad «deben desaparecer» porque «no pueden seguir consumiendo recursos de los bolivianos».
Como parte de este proceso, el Consejo Superior de Empresas Públicas instruyó a los ministerios que ejercen tuición sobre las empresas estatales presentar planes de acción con carácter de urgencia.
«Cada ministerio que tiene tuición sobre las empresas públicas debe presentar inmediatamente un plan de acción sobre ellas. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Y en cuánto tiempo lo va a hacer?», explicó Lupo.
Respecto a las empresas estratégicas, el ministro aclaró que no serán privatizadas, aunque reconoció que varias atraviesan problemas financieros y de gestión. Citó entre ellas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Boliviana de Aviación (BoA) y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
Sobre esta última, Camacho aseguró que el tiempo juega en contra del proyecto. «El peor enemigo de YLB en Bolivia es el tiempo. Se gastaron más de 6.100 millones de bolivianos en YLB. No produce», afirmó. Además, señaló que la caída del precio internacional del litio y la aparición de nuevas tecnologías evidencian que «la mentira de que YLB iba a sustituir a los hidrocarburos también fue otra falacia».
El director de la OFEP también reveló que las auditorías preliminares detectaron que parte de los préstamos obtenidos por algunas empresas estatales fueron destinados al pago de otras deudas y de gastos corrientes. «Muchos de estos recursos se destinaron a pagar otros préstamos y a sueldos y salarios. Eso se llama daño económico», concluyó.