El experto en hidrocarburos Raúl Velázquez afirmó que la caída de la producción de gas y el aumento de la dependencia de combustibles importados obligan al país a tomar decisiones estructurales y de corto plazo para evitar un mayor deterioro del sector.
Bolivia atraviesa una crisis energética desde 2023 como consecuencia de la caída sostenida en la producción de gas natural, el incremento de la dependencia de combustibles importados y la falta de reformas estructurales en el sector, afirmó el experto en hidrocarburos de Fundación Jubileo, Raúl Velázquez, durante una entrevista en el programa De Primera Mano.
El analista sostuvo que la actual situación es el resultado de dos décadas de una política hidrocarburífera que concentró el protagonismo en el Estado y que hoy evidencia sus límites. «De cada 10 litros de gasolina que consumimos, seis son importados; de cada 10 litros de diésel, nueve son importados», señaló, al recordar que Bolivia también perdió el mercado argentino para la exportación de gas y redujo en un 60% sus envíos a Brasil.
Velázquez consideró positivo que el Gobierno reconozca la magnitud del problema y transparente la situación de las reservas de gas, ya que ello permitirá debatir soluciones de mediano y largo plazo. Sin embargo, advirtió que una nueva Ley de Hidrocarburos deberá construirse con amplio debate social para garantizar estabilidad jurídica y evitar futuras modificaciones.
«Lo peor que nos podría pasar sería aprobar una ley para cambiarla tres o cinco años después. El sector hidrocarburos requiere reglas que duren 15 o 20 años», afirmó.
El especialista explicó que la recuperación del sector no será inmediata, ya que incluso con una nueva normativa los resultados de la exploración tardarían alrededor de cinco años. Mientras tanto, planteó la necesidad de adoptar medidas urgentes para enfrentar la escasez de combustibles.
Entre esas acciones, sostuvo que será inevitable sincerar los precios de la gasolina, el diésel y el gas natural, acompañando esa decisión con políticas sociales focalizadas para proteger a la población más vulnerable.
«Nadie va a importar gasolina comprándola a 1,50 dólares para venderla en Bolivia por menos de un dólar. Tenemos que tener precios reales», afirmó.
Velázquez destacó que el Decreto Supremo 5644 representa un avance al permitir que empresas privadas importen y comercialicen combustibles a precios de mercado, aunque advirtió que el principal desafío seguirá siendo la disponibilidad de divisas para financiar esas importaciones.
Respecto al suministro de energía, alertó que Bolivia podría verse obligada a importar parte del GLP e incluso gas natural entre 2028 y 2029 si no se incrementa la producción nacional.
Asimismo, explicó que el 70% de la electricidad del país se genera mediante termoeléctricas que utilizan gas subvencionado, lo que dificulta la competencia de fuentes renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica. En ese contexto, indicó que el Decreto Supremo 5647 establece un límite de hasta 5% para el incremento mensual de las tarifas eléctricas, con el objetivo de amortiguar el impacto de un eventual ajuste en el precio del gas.
Finalmente, el experto reiteró que la crisis energética no comenzó con los recientes problemas de abastecimiento, sino hace varios años. «Bolivia ya está en una crisis energética desde 2023 porque la seguridad energética del ciudadano ya se vio afectada. Si no tomamos medidas correctivas, el panorama será mucho más complejo en los próximos años», concluyó.