La conclusión de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales no solo definió nuevos gobernadores y alcaldes, sino que dejó al descubierto un escenario de alta fragmentación política y el desafío de garantizar gobernabilidad en todos los niveles del Estado. Así lo analizó el diputado Carlos Alarcón, abogado constitucionalista, en entrevista con el programa «De Primera Mano» de La Paz Media 96.7.
Uno de los puntos más cuestionados fue la proclamación de Revilla como gobernador de La Paz, luego de que la organización política de Yahuasi declinara su participación en la segunda vuelta. Alarcón defendió la decisión del Tribunal Supremo Electoral: «Lo único que ha hecho el TSE es dar cumplimiento y aplicar la ley». Recordó que la Ley del Régimen Electoral, vigente desde 2010, establece que si la organización política retira a su candidato en segunda vuelta, el contrincante es proclamado automáticamente. «El TSE no podía reinventar el contenido de la ley para adaptarla a las circunstancias», afirmó, y criticó a quienes hoy reclaman una norma que en su momento aplaudieron durante el gobierno de Evo Morales.
Sobre el resultado electoral, Alarcón reconoció que la fragmentación política es un dato positivo porque rompió la hegemonía que el MAS mantenía desde 2005. Sin embargo, advirtió que el principal desafío ahora es «cómo garantizamos gobernabilidad en el nivel nacional y subnacional, en las asambleas departamentales y los consejos municipales, para que gobernadores, alcaldes y el propio presidente puedan llevar adelante sus políticas».
En ese punto, el legislador fue crítico con el presidente Rodrigo Paz. «Ha sido un error del presidente haber entrado en las elecciones subnacionales. Innecesario», sentenció, y recordó que su partido «solamente ha conseguido dos gobernaciones y una alcaldía en las ciudades capitales». Pero lo más grave, a su juicio, es que «él tiene que cumplir una agenda de transformación estructural del país que se la está desatendiendo». Alarcón enumeró las tareas pendientes: reformar la justicia, eliminar la reelección, atraer inversiones y cerrar empresas públicas deficitarias (de 67, solo tres son rentables, según el ministro Lupo). «El presidente tenía que ser un fusible, dar las bases de transformación total del país inclusive a costa de su popularidad, pero la agenda se está desviando por otro lado», lamentó.