En el contexto del debate por un posible paro del Órgano Judicial, el abogado y exautoridad de Estado Bernardo Wayar sostuvo que la justicia en Bolivia requiere una reforma constitucional profunda para garantizar independencia, meritocracia y mejores condiciones institucionales, además de cuestionar la existencia de prácticas de corrupción dentro del sistema.
En entrevista con el programa De Primera Mano, Bernardo Wayar analizó el anuncio de una posible paralización de actividades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en demanda de mayor presupuesto, señalando que el problema de fondo es estructural y no únicamente financiero. En ese marco, afirmó que el sistema judicial “fue cooptado políticamente” y que aún persisten deficiencias en su funcionamiento.
El jurista sostuvo además que dentro del sistema judicial existen prácticas que afectan su credibilidad. “Son jueces funcionales… hay un pacto, digamos, yo te permito hacer lo que quieras por el político y tú me permites tener la caja abierta”, afirmó, al referirse a lo que considera distorsiones en la administración de justicia. En ese contexto, insistió en que la reforma debe ser integral para cerrar espacios a la corrupción y fortalecer la independencia.
Wayar planteó como eje central una reforma constitucional que permita redefinir la designación de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia mediante la Asamblea Legislativa por dos tercios, además de restablecer la carrera judicial. “El sistema tiene que cambiar para que el juez no responda a un poder político”, señaló.
Respecto al debate presupuestario del Órgano Judicial y la posibilidad de un paro, afirmó que se debe garantizar mayor financiamiento, pero con criterios técnicos. “El juez debería ser el funcionario público mejor pagado del país”, dijo, al remarcar la carga laboral y responsabilidad de la función judicial.
Finalmente, el exautoridad insistió en que la crisis de la justicia no se resolverá con medidas coyunturales, sino con una reforma de fondo que recupere la credibilidad institucional, reduzca la injerencia política y fortalezca la independencia real del sistema judicial en Bolivia.