El abogado en ciencias forenses y criminalística Cristian Sánchez señaló que los recientes hechos violentos en Santa Cruz y otras regiones reflejan una disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas y actividades ilícitas. También advirtió sobre el ataque contra un subteniente de la Policía cuyo cuerpo aún no fue encontrado.
Los recientes hechos de violencia registrados en el país, principalmente en Santa Cruz, estarían vinculados a una disputa entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, según el análisis del abogado especialista en ciencias forenses y criminalística Cristian Sánchez, quien explicó que la situación responde a estructuras del crimen organizado con capacidad operativa y presencia internacional.
En entrevista con el programa “De Primera Mano”, Sánchez señaló que no se trata de hechos aislados ni de delincuencia común, sino de organizaciones con estructura, división de funciones y permanencia en el tiempo.
“Este incremento del volumen y la intensidad de violencia criminal está relacionada a la actividad de organizaciones criminales. No es delincuencia normal o común, sino delincuencia organizada, empresarial, que tiene permanencia en el tiempo, reglas de conducta internas y una división del trabajo”, explicó.
El especialista afirmó que Santa Cruz se convirtió en un punto estratégico para estas organizaciones debido a su ubicación y las rutas utilizadas para el tráfico de drogas hacia otros países.
Según su análisis, tras la salida de Sebastián Marset, quien era considerado un articulador dentro de una estructura criminal, se habría generado una disputa interna por el control de rutas internacionales, influencia y capacidad económica.
“Los liderazgos que han quedado han quedado en esa lucha intestina por el poder de decisión, por la corrupción, por la capacidad de influencia y por las rutas internacionales. Y la forma de expresión de esta lucha precisamente es la muerte violenta”, sostuvo.
Sánchez también se refirió al asesinato del subteniente de la Policía Yerson Salazar Aliendres, ocurrido en la comunidad Ascensión de la Frontera, en San Matías, Santa Cruz, donde los atacantes emboscaron a un grupo de efectivos policiales y posteriormente quemaron el vehículo oficial.
El especialista consideró que el hecho representa un mensaje directo contra las fuerzas del orden, debido a que los responsables no solo acabaron con la vida del uniformado, sino que hicieron desaparecer su cuerpo.
“El mensaje del crimen organizado es: no pueden investigar, no me van a pesquisar, no pueden venir a este espacio territorial donde tengo el control y es más, me voy a llevar el cuerpo del oficial para que su familia ni ustedes le puedan rendir tributo”, afirmó.
Sánchez señaló que si los restos del subteniente no son encontrados en los próximos días, podría tratarse de una acción planificada para generar un impacto institucional y social.
“Si no es hallado en las próximas horas o los próximos dos días, ese cuerpo no va a ser hallado”, manifestó.
Asimismo, indicó que este tipo de acciones corresponden a organizaciones criminales con estructura y capacidad para enviar mensajes de intimidación hacia el Estado.
“No son delincuentes circunstanciales, son organizaciones criminales que tienen esa vocación de permanencia en el tiempo, que tienen estructura criminal y fines determinados: cometer delitos graves”, agregó.
El abogado sostuvo que la expansión del crimen organizado también está relacionada con debilidades dentro del sistema estatal, incluyendo cuestionamientos al sistema de justicia y la falta de presencia institucional en algunas zonas del país.
Afirmó que las organizaciones criminales buscan infiltrarse en instituciones para garantizar impunidad y mantener sus operaciones.
“El crimen organizado capta a las organizaciones estatales, capta a los políticos, capta a las instituciones”, señaló.
En esa línea, cuestionó que algunos procesos judiciales permitan que personas vinculadas a actividades ilícitas recuperen su libertad y continúen operando.
“Hay malos jueces, malos administradores de justicia que se sirven del trabajo policial, los liberan a los narcotraficantes, a los legitimadores y les dan facilidades para seguir operando”, indicó.
Finalmente, Sánchez señaló que la lucha contra el narcotráfico requiere acciones coordinadas entre el Ejecutivo, Legislativo y Órgano Judicial, además de controles más efectivos dentro del sistema de justicia.
“En la medida que estos tengan discrecionalidad e impunidad, por supuesto que van a ser fácilmente corrompibles y puestos al servicio de los criminales”, sostuvo.
El especialista insistió en que los recientes hechos de violencia muestran un escenario de mayor confrontación entre el Estado y organizaciones criminales que buscan mantener el control de territorios y actividades ilícitas.