El 81% de las 1.362 personas que participaron en un sondeo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior manifestó estar de acuerdo con prorrogar el Estado de Excepción, mientras que el 95% respaldó la aprobación urgente de una Ley Antibloqueos.
Los resultados fueron presentados este viernes por el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, quien expresó su preocupación por los anuncios de nuevas movilizaciones una vez que concluya el Estado de Excepción y advirtió sobre el impacto de los bloqueos en la economía y en la población.
El sondeo fue realizado de manera digital entre el 7 y el 10 de septiembre, mediante 10 preguntas cerradas. Según los resultados, el 98% considera que los bloqueos perjudican al desarrollo de Bolivia y daña la imagen del país en el exterior, mientras que el 97% sostiene que afectan el derecho a la libre circulación y al trabajo.
Asimismo, el 96% rechazó los bloqueos como medida de presión, el mismo porcentaje considera que bloquear caminos constituye un delito por los daños que provoca y respalda que los responsables sean sancionados. Además, el 96% afirmó haber sido afectado de manera directa o indirecta por algún bloqueo.
El 95% de los participantes señaló que debería primar el diálogo en lugar de los bloqueos y apoyó la aprobación urgente de una Ley Antibloqueos.
Rodríguez recordó los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio y sostuvo que provocaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares, además de afectar la producción, el comercio, las exportaciones, importaciones, turismo, transporte, servicios, empleo e ingresos de las familias.
“Duele la pobreza en Bolivia y duele más que la pobreza aumente”, afirmó Rodríguez, quien expresó su preocupación por los anuncios de nuevas medidas de presión tras la conclusión del Estado de Excepción.
El gerente general del IBCE sostuvo que la eventual Ley Antibloqueos no debería limitarse a sanciones penales, sino también establecer mecanismos para que quienes bloqueen, instiguen o financien estas medidas respondan por los daños económicos ocasionados.
“La violencia terminará comiéndose la economía de la gente: Bolivia no aguanta un paro más, no puede ser que unos cuantos violentos perjudiquen a millones de ciudadanos”, afirmó.
