El 19 de julio se cumplen 14 años desde la promulgación de la Ley N°031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, normativa que asigna nuevas competencias a los niveles subnacionales y establece un Pacto Fiscal para la redistribución de recursos. Pasaron tres presidentes por el Gobierno, desde entonces, y el tema no ha sido abordado.
La preocupación es latente en los niveles subnacionales, que reclaman al nivel central del Estado debatir este tema y no solamente centrarse en los recursos de coparticipación que vaya a arrojar los resultados del Censo 2024.
El gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, en su reciente visita a la ciudad de Tarija, manifestó que el Pacto Fiscal debe ser abordado en un encuentro nacional en el que ninguno de los bolivianos debe quedar exento de participar y presentar su propuesta, tomando en cuenta la situación de cada una de las regiones y el Gobierno Nacional.
“Este Censo de Población y Vivienda cabalmente va a referir o va a dar los datos exactos de dónde están las mayores necesidades, cuáles son las necesidades y en qué territorio se encuentran, hay varias alternativas, porque por más de una década se han trabajado propuestas para la redistribución de recursos, Santa Cruz tiene un par de propuestas, hay algunas que hemos conocido de otros departamentos, y hay que hacer un análisis transversal para identificar cuál es la más viable y óptima”, manifestó Aguilera a El País.
En el mes de abril, era el gobernador de Tarija, Oscar Montes, quien detallaba que el nivel departamental ha recibido 79 competencias que han sido transferidas directamente desde el Gobierno Nacional a través de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Marco de Autonomías, además de otras normativas y decretos, con una carga importante para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, no recibió más recursos.
“Esa tarea está pendiente desde el 2012, así que nosotros esperamos que luego del Censo, teniendo los resultados, podamos llevar adelante una gran concertación nacional para realizar este Pacto Fiscal, que en pocas palabras significa la redistribución de los ingresos que tiene el Estado boliviano, a fin de que, así como se han redistribuido las competencias, se redistribuya la plata para atender esas competencias”, advertía.
Una postura similar había sido expresada por el alcalde de Tarija, Johnny Torres, en la oportunidad que se desataba el conflicto entre municipios por el 45% de regalías hidrocarburíferas. La autoridad municipal enfatizaba que la discusión debe estar orientada hacia el nivel central del Estado para que pueda asignar más recursos a los niveles subnacionales, refiriendo que actualmente es el Gobierno quien administra el 86% de los recursos del país.
Cívicos piden cumplir con el Pacto Fiscal
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, reconoció que el Pacto Fiscal es una tarea que está pendiente desde el 2010 y que pese a tener los datos del Censo de Población y Vivienda del 2012 no se lo ha ejecutado. Enfatizó que ahora existe el compromiso del nivel central del Estado que con los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda de este año, se proceda a trabajar una propuesta para la redistribución de recursos.
“Hubo un compromiso del Gobierno Nacional de que se va a redistribuir o se va a hablar del Pacto Fiscal teniendo los primeros resultados preliminares del Censo 2024. Estamos esperanzados en que evidentemente estos resultados, primero que sean verdaderos, para que a partir de ello el Viceministerio de Autonomía y el Ministerio de Planificación convoque al Consejo Nacional de Autonomías para trabajar y puedan ofrecer un informe técnico”, dijo Gira a El País.
Recordó que la institucionalidad tarijeña ya se ha expresado tiempo atrás, y que el mandato es claro, cuando han establecido que al departamento le corresponde mayor asignación de recursos económicos del Tesoro General de la Nación (TGN), situación que se lo puede conseguir con el Pacto Fiscal.
Cabe mencionar, que tras haberse asignado estas nuevas competencias a los niveles subnacionales, por la bonanza económica que había hasta la gestión 2015, las entidades autónomas no estaban urgidas por mayor asignación de recursos. Sin embargo, con la caída estrepitosa de los ingresos en estos últimos siete años, los niveles subnacionales han entrado en recesión y están inmersos en una crisis económica, por lo que reclaman al nivel central poder dar curso al Pacto Fiscal.
//El País