Un juzgado de la región boliviana de Potosí ordenó este martes la paralización del tratamiento legislativo de los contratos firmados con la empresa rusa Uranium One Group y la china CBC para la explotación de litio, debido a la ausencia de estudios de impacto ambiental. La decisión responde a una acción legal presentada por comunidades indígenas del suroeste potosino.
La resolución fue emitida por el Juzgado Mixto de la localidad de Colcha K, que concedió medidas cautelares solicitadas por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), organización que representa a 53 comunidades. La medida también impide al Ministerio de Hidrocarburos y a la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) ejecutar obras o trámites administrativos relacionados con estos contratos.
«Logramos una primera victoria judicial: el juez dictó medidas históricas que protegen nuestros derechos colectivos, nuestras fuentes de agua y la Madre Tierra», expresó la Cupconl en un comunicado.
La diputada opositora Lissa Claros, representante de Potosí, explicó que las comunidades afectadas denunciaron escasez de agua tras pruebas piloto realizadas por una de las empresas. “Si se instala una planta a gran escala, podría significar el exterminio de estos pueblos”, advirtió.
Claros también pidió que los contratos sean archivados y criticó a YLB por querer realizar los estudios ambientales después de la aprobación legislativa, algo que considera inadmisible.
Por su parte, YLB aseguró que aún no ha sido notificada oficialmente sobre las medidas cautelares y aclaró que los contratos no están vigentes ni se ha iniciado operación alguna. La estatal afirmó que presentará un informe técnico y legal que demostrará que no ha vulnerado ningún derecho.
Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en 23 millones de toneladas, concentradas principalmente en el salar de Uyuni, seguido por Pastos Grandes y Coipasa. El Gobierno de Luis Arce ha promovido alianzas internacionales para implementar tecnologías de extracción directa (EDL), firmando acuerdos con empresas chinas y rusas en 2023 y 2024.
Sin embargo, los proyectos han enfrentado una fuerte resistencia social en Potosí, lo que llevó a suspender su tratamiento en el Legislativo desde febrero pasado. La nueva medida judicial marca un hito en el debate sobre la sostenibilidad y la participación indígena en la toma de decisiones sobre recursos naturales estratégicos.