Tras la denuncia presentada por el concejal Pierre Chain Wanna, el Ministerio Público formalizó la imputación contra el exalcalde de La Paz, Hernán Iván Arias Durán, por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, dentro de un proceso relacionado con la ejecución de obras municipales en un predio de propiedad privada en la zona Achumani de la ciudad de La Paz.
De acuerdo con la Resolución de Imputación Formal emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, el caso se origina a partir de una denuncia presentada por el concejal Pierre Chain Wanna, quien alertó sobre presuntas irregularidades en la ejecución de obras de estabilización y drenaje en la urbanización 23 de Marzo, financiadas con recursos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. A partir de esta denuncia, el Ministerio Público abrió investigación y recopiló documentación técnica, administrativa y financiera vinculada al proyecto.
Según los antecedentes del proceso, los hechos se remontan a febrero de 2022, cuando se emitieron informes técnicos que recomendaron intervenciones en la zona afectada. Posteriormente, en octubre de ese año, el municipio declaró situación de emergencia mediante resolución ejecutiva, lo que permitió la contratación directa de una empresa constructora. En ese contexto, se suscribió el Contrato de Emergencia N° 1920/2022 entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la empresa CONSTRUKTURAL S.R.L., por un monto inicial superior a 27 millones de bolivianos, posteriormente ampliado mediante una adenda que elevó el presupuesto a más de 30 millones de bolivianos.
La Fiscalía sostiene que las obras fueron ejecutadas en un predio identificado con código catastral 044-3413-0002, que según registros de Derechos Reales continúa registrado a nombre del Banco BISA S.A., sin que exista evidencia de transferencia al municipio ni proceso de expropiación o saneamiento legal previo. En ese marco, el Ministerio Público señala que, en su calidad de Alcalde y Máxima Autoridad Ejecutiva, el imputado habría intervenido en la autorización de obras públicas en un terreno de propiedad privada, utilizando recursos municipales y de financiamiento externo.
La imputación formal establece que la conducta investigada se adecúa de manera provisional al artículo 150 del Código Penal, referido a negociaciones incompatibles, al existir indicios de que el entonces alcalde habría intervenido en decisiones administrativas que derivaron en un presunto beneficio para un tercero, vinculado a la ejecución de obras que habrían incrementado el valor de un predio privado con recursos públicos.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que existen elementos documentales como contratos, resoluciones ejecutivas, informes técnicos, certificaciones de Derechos Reales y registros financieros que respaldan la apertura de la investigación. Entre ellos se menciona la ejecución de obras de ingeniería como pilotes y muros de contención en el área intervenida, financiadas con recursos municipales.
En su requerimiento, la Fiscalía solicitó la aplicación de medidas cautelares personales contra el imputado, argumentando riesgos procesales de fuga y obstaculización de la investigación. Entre las medidas solicitadas se encuentran la presentación periódica ante la autoridad judicial, prohibición de contacto con testigos, arraigo, fianza económica de 50.000 bolivianos y detención domiciliaria.
El Ministerio Público aclaró que la imputación formal es de carácter provisional y corresponde a la etapa preparatoria del proceso penal, por lo que será un juez cautelar quien defina la situación jurídica del exalcalde en audiencia.