El exministro de Salud sostuvo que el país no debe volver al modelo institucional del siglo XX, sino impulsar reformas estructurales, acuerdos legislativos y cambios normativos para insertarse en el siglo XXI.
El exministro de Salud Guillermo Cuentas afirmó que Bolivia atraviesa una transición estructural que no debe enfocarse en recuperar la antigua institucionalidad, sino en construir un nuevo modelo estatal adaptado a los desafíos del siglo XXI. A su juicio, ese proceso podría extenderse entre tres y diez años, dependiendo de las decisiones políticas y los consensos que logren consolidarse.
«Más que recuperar la institucionalidad es construir una nueva institucionalidad«, sostuvo durante una entrevista en el programa De Primera Mano, al señalar que el país necesita una transformación profunda que permita dejar atrás las estructuras heredadas de las últimas décadas.
Explicó que el principal desafío consiste en insertar a Bolivia en «la sociedad del conocimiento», mediante la modernización del Estado, la digitalización de los servicios públicos y la actualización de normas e instituciones. «No se puede plantear hoy día reestructurar la institucionalidad; el gran desafío es construir una nueva institucionalidad que inserte a Bolivia en el siglo XXI«, afirmó.
Cuentas sostuvo que el modelo corporativo consolidado durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo generó una estructura estatal difícil de desmontar, por lo que advirtió que la transición requerirá reformas graduales y acuerdos políticos.
Entre las medidas que consideró necesarias mencionó la revisión parcial de la Constitución, la aprobación de una nueva ley de inversiones, reformas en minería e hidrocarburos y el retorno de Bolivia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y atraer capitales.
Asimismo, remarcó que ninguna de esas reformas podrá concretarse sin el respaldo de la Asamblea Legislativa. «Si el actual gobierno no hace un acuerdo parlamentario con las fuerzas presentes en el Parlamento, no será posible avanzar«, sostuvo.
Respecto al actual estado de excepción, consideró que el Gobierno ya cuenta con los instrumentos legales para asumir decisiones orientadas a restablecer el orden institucional y advirtió que los hechos registrados durante los bloqueos no pueden quedar impunes.
«No se pueden quedar los delitos en la impunidad. En el momento en que los delitos se queden en la impunidad estamos dando el peor mensaje que puede dar un Estado», manifestó.
El exministro también cuestionó la existencia de zonas donde, según dijo, el Estado no ejerce plenamente su autoridad, en referencia al trópico de Cochabamba. Señaló que «en ningún Estado democrático se puede permitir la existencia de territorios donde las leyes no las dicte el Estado boliviano«, y sostuvo que el Gobierno debe recuperar el control efectivo de todo el territorio nacional.
En el ámbito económico, destacó la importancia de consolidar la integración regional mediante el Mercosur y los corredores bioceánicos, aunque advirtió que la conflictividad social y los bloqueos afectan la imagen del país y limitan las oportunidades de inversión.
«Si seguimos con esta forma de expresar nuestras demandas, no solo vamos a bloquear las carreteras; vamos a bloquear a Bolivia«, afirmó, al señalar que la estabilidad institucional y la seguridad jurídica serán determinantes para que el país aproveche los proyectos de integración regional y atraiga nuevas inversiones.