El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó este miércoles que el Gobierno respeta el derecho constitucional a la protesta y al disenso, pero advirtió que no se permitirá la comisión de hechos violentos que, según dijo, “cruzan la línea de la legalidad” y afectan directamente a la población.
Durante una conferencia de prensa, la autoridad sostuvo que el país atraviesa un escenario en el que es necesario “diferenciar con absoluta claridad” entre las movilizaciones sociales legítimas y las acciones que derivan en delitos.
“La protesta está garantizada por la Constitución, el crimen debe ser castigado por la ley”, enfatizó Gálvez, al señalar que el Ejecutivo no avalará la toma de instalaciones estratégicas ni la retención de personas, hechos que calificó como “actos criminales sin justificación”.
El vocero denunció episodios recientes en los que, según su versión, grupos movilizados habrían ingresado a instalaciones de producción de gas y retenido a trabajadores, situación que consideró “grave” por el impacto económico y social que genera en el conjunto del país.
En ese marco, remarcó que el Gobierno mantendrá una posición firme dentro del marco constitucional. “Los bolivianos tienen derecho a disentir, a opinar y a movilizarse, pero todas las acciones criminales van a recibir una respuesta conforme a la ley”, sostuvo.
Gálvez insistió en que la administración central garantiza el respeto a las manifestaciones sociales, pero advirtió que no existirá tolerancia frente a hechos de violencia que, a su juicio, buscan alterar el orden público o afectar servicios estratégicos.
El Ejecutivo reiteró que las fuerzas del orden ya se encuentran actuando en los puntos intervenidos y que los responsables serán procesados conforme a normativa vigente.