Ante los señalamientos que vinculan a autoridades del Ministerio Público con el crimen organizado, el Gobierno solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa apartar temporalmente de sus funciones al Fiscal General y a las demás autoridades cuestionadas, mientras enfrentan los procesos legales correspondientes.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que la medida busca evitar que las autoridades involucradas continúen ejerciendo sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones y procedimientos establecidos por ley.
De forma complementaria, el Ejecutivo planteó la designación de autoridades transitorias para asumir la conducción del Ministerio Público durante el periodo en que se desarrollen los procedimientos normativos destinados a elegir a los nuevos titulares.
La propuesta será planteada en el marco de la sesión de la Asamblea Legislativa convocada para este viernes 2 de octubre, en la que se prevé abordar la situación generada tras las recientes aprehensiones de autoridades del Ministerio Público y sus implicaciones institucionales.
El Gobierno también convocó a los legisladores a asumir acciones frente al crimen organizado, en el marco de la alianza internacional del Escudo de las Américas, y sostuvo que las decisiones adoptadas deben contribuir a generar certidumbre sobre la reconstrucción del sistema de justicia.
El planteamiento del Ejecutivo se produce después de que el Gobierno denunciara presuntas irregularidades relacionadas con la elección de Roger Mariaca como Fiscal General y señalara posibles vínculos de autoridades del Ministerio Público con estructuras dedicadas al crimen organizado.
La Asamblea deberá considerar las propuestas dentro de los procedimientos y competencias que establece el marco constitucional y legal.