El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia anunció este jueves la presentación formal de una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, por la presunta comisión de siete delitos vinculados a los recientes bloqueos de caminos y cercos a ciudades registrados en distintas regiones del país.
La acción judicial será interpuesta por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), según confirmaron los ministros César Siles (Justicia) y Roberto Ríos (Gobierno), quienes señalaron que existen elementos de prueba —entre ellos audios, declaraciones y acciones públicas— que vinculan a Morales con una estrategia orientada a desestabilizar el orden democrático.
Los delitos imputados a Morales incluyen:
- Terrorismo, por la promoción de actos que generan terror en la población mediante amenazas y desabastecimiento.
- Instigación pública a delinquir, por incitar públicamente al bloqueo de carreteras y cercos con fines políticos.
- Desobediencia a resoluciones constitucionales, al incumplir una sentencia del TCP que protege derechos fundamentales como la locomoción, el trabajo y la educación.
- Atentado contra la libertad del trabajo, por impedir el normal desarrollo de actividades laborales.
- Atentado contra medios de transporte, por obstruir la circulación vehicular, incluso de ambulancias y cisternas.
- Atentado contra servicios públicos, al interrumpir servicios esenciales.
- Obstaculización de procesos electorales, al intentar frenar las elecciones judiciales mediante medidas de presión.
El ministro Ríos afirmó que “la llamada ‘batalla final’ de Evo Morales no es contra el Gobierno, sino contra el pueblo boliviano”, y denunció que los bloqueos han dejado al menos 26 policías heridos y severas afectaciones al transporte de combustibles, alimentos y atención médica.
El Gobierno aseguró que no responderá con violencia, pero que actuará dentro del marco legal para garantizar el orden público y el desarrollo de las elecciones judiciales.
Asimismo, autoridades estatales y judiciales anunciaron acciones paralelas. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó una denuncia ante la CIDH, mientras que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prevé hacer lo propio en los próximos días.
El ministro Siles advirtió que de persistir estas acciones podrían configurarse crímenes de lesa humanidad, por el impacto sistemático sobre los derechos de la población. “Pedimos al Ministerio Público actuar con celeridad, conformar una comisión de fiscales y dar curso a esta denuncia en resguardo del Estado de derecho”, declaró.