La Cámara de Diputados reinstaló este jueves por la tarde la polémica Sesión Ordinaria 144 para tratar el controvertido proyecto de ley sobre el litio, en medio de un ambiente de alta tensión, gritos, protestas e incluso agresiones simbólicas como el lanzamiento de papeles y agua hacia la testera.
La sesión fue escenario de un fuerte enfrentamiento político cuando el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, y el presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra, intentaron continuar con la explicación y tratamiento del Proyecto de Ley 197/2024-2025, que autoriza un contrato de servicios para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, en Potosí.
Ante los reclamos de los parlamentarios potosinos y del bloque evista, que exigían la postergación de la votación por considerar que el contrato no había sido debidamente socializado con la población, funcionarios de la Cámara debieron resguardar a las autoridades con paraguas para protegerlos de los objetos arrojados.
Protestas por el contrato del litio
El proyecto de ley en cuestión busca viabilizar un acuerdo entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa Hong Kong CBC para la producción e industrialización del litio en el Salar de Uyuni, el mayor reservorio de este mineral estratégico en el país. La población potosina y sectores cívicos de la región han expresado su rechazo al contrato, argumentando que no garantiza beneficios suficientes para Potosí, además de alertar sobre posibles riesgos de privatización y falta de transparencia.
Durante la mañana, el tratamiento del proyecto entró en un cuarto intermedio tras una acalorada discusión y denuncias de irregularidades en la votación. Sin embargo, la directiva decidió reinstalar la sesión por la tarde, pese a los pedidos de aplazamiento.
Las imágenes difundidas por los medios mostraron a legisladores rodeando la testera, gritando consignas y lanzando objetos, mientras el ministro Gallardo intentaba explicar los alcances del convenio. La situación obligó a los funcionarios a utilizar paraguas para evitar que los papeles y el agua impactaran en las autoridades.
Acuerdos cuestionados
El contrato bajo análisis se suma a otros acuerdos similares, como el suscrito con la empresa rusa Uranium One, que también generó críticas y movilizaciones en Potosí. Los cívicos y autoridades locales han manifestado reiteradamente que estas alianzas internacionales no garantizan una verdadera industrialización con valor agregado para Bolivia ni un reparto equitativo de los beneficios para las regiones productoras.
Las protestas en la Asamblea reflejan el creciente malestar social frente a lo que consideran decisiones unilaterales del Gobierno central en la gestión de los recursos estratégicos del país.