El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas existentes de al menos 12 ciudadanos bolivianos y extendió las restricciones a sus familiares, bajo una política dirigida contra extranjeros que, según Washington, “socavan a los gobiernos elegidos democráticamente en los países del hemisferio occidental”.
La medida alcanza a fiscales, jueces, exautoridades, un magistrado constitucional, un exejecutivo de la Aduana Nacional, un coronel de la Policía Boliviana y un empresario privado. Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa fueron declarados inelegibles para obtenerla, junto con sus familias.
Entre las personas incluidas figuran Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior; Albania Chane Caballero Saavedra, jueza investigadora anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres en Santa Cruz; Alberto Zeballos Flores, fiscal titular de Santa Cruz; Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de instrucción penal de Santa Cruz; e Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
La lista también contempla a Álvaro Mauricio Navia Morales, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca; Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional; Alberto Samuel Soto De La Vía, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional; Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente de la Corte Suprema; Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia; Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana; y José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
El Departamento de Estado señaló que las medidas se aplican en apoyo a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países que participan en la iniciativa denominada Escudo de las Américas.
Caso Róger Mariaca
En un apartado específico, Washington también se refirió al fiscal general del Estado, Róger Mariaca Montenegro, a quien acusó de haber abusado de sus cargos públicos mediante la solicitud y aceptación de sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia.
Según el texto estadounidense, Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años durante la presidencia de Luis Arce y exfiscal general de Santa Cruz, habría realizado acciones que, de acuerdo con Washington, ponen en riesgo los esfuerzos de la administración de Donald Trump contra el narcoterrorismo y debilitan instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer mediante su participación en el programa Escudo de las Américas.
El documento atribuye estas acusaciones al Gobierno de Estados Unidos y las presenta como el fundamento de las medidas migratorias anunciadas.
El mensaje final de Washington sostiene que los funcionarios que considera corruptos y los criminales a quienes, según su acusación, protegen “no son bienvenidos en Estados Unidos”.