El abogado Eduardo León consideró que el caso que involucra a Fernando Cerimedo y Nadia Beller está adquiriendo una dimensión política y sostuvo que las personas mencionadas en las denuncias deberían prestar declaración para esclarecer los hechos.
Durante una entrevista en el programa “De Primera Mano”, León afirmó que las investigaciones no deben mezclarse y que corresponde diferenciar el proceso por el presunto intento de feminicidio de Beller de las pesquisas relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y posibles hechos de corrupción.
“Se va a tornar político. Por supuesto que tiene estos matices políticos”, afirmó el abogado al referirse a las declaraciones y personas que han sido mencionadas dentro de las investigaciones.
León señaló que, además de la directora de Comunicación Estratégica del Estado, Ximena Galarza, otras personas mencionadas en las denuncias deberían ser convocadas por el Ministerio Público cuando corresponda.
En ese contexto, planteó que también deberían prestar declaración la esposa del presidente Rodrigo Paz y otros integrantes de su entorno que hayan sido mencionados en las acusaciones, con el objetivo de que las denuncias sean esclarecidas mediante los mecanismos de la justicia.
“Nadie duda de la honorabilidad de la esposa del señor presidente, pero al mismo tiempo nadie recibe con solvencia el argumento que se trata de asentar sobre la denuncia que se ha hecho”, sostuvo.
El abogado consideró que, frente a las acusaciones sobre supuestos vínculos con hechos de corrupción, corresponde que las autoridades y personas mencionadas respondan ante las instancias de investigación y que las afirmaciones sean respaldadas con pruebas.
En relación con Rodrigo Paz, León sostuvo que el mandatario también podría asumir una posición más directa frente a las denuncias y cuestionó que el caso sea abordado únicamente mediante pronunciamientos públicos.
“Yo voy a ir a declarar a la Fiscalía y yo le exijo a esta señora que, además de ser víctima, le exijo que me pruebe, que pruebe lo que ha dicho de mi familia”, afirmó al plantear cuál debería ser, a su criterio, una respuesta ante las acusaciones.
León insistió en que el proceso por el ataque contra Beller debe avanzar de manera independiente de las investigaciones económicas y por presunta corrupción.
“Los dos casos son diferentes”, remarcó.
Explicó que el proceso por el presunto intento de feminicidio debe establecer cómo ocurrió el ataque, quiénes participaron y cuáles fueron las conductas concretas de los involucrados. En cambio, las otras investigaciones deben concentrarse en determinar si existieron movimientos económicos irregulares, tráfico de influencias o vínculos con funcionarios.
A criterio del abogado, confundir ambos escenarios podría afectar el desarrollo de las investigaciones.
“El derecho procesal penal es de acto, no es de sujeto”, explicó, al señalar que cada investigación debe establecer hechos concretos y responsabilidades específicas.
León también cuestionó que el caso pueda reducirse a un conflicto personal entre Cerimedo y Beller, debido a las denuncias adicionales que involucran posibles vínculos con el Estado.
“El caso principal que le interesa al Estado, sin dejar la importancia y gravedad del otro, es que la población quiere saber cómo este señor ha podido tener semejante poder en el Estado”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que el desarrollo de las investigaciones tendrá consecuencias políticas si las autoridades y personas mencionadas no contribuyen al esclarecimiento de los hechos mediante declaraciones y pruebas.
Para León, la prioridad debe ser que el Ministerio Público establezca qué ocurrió en cada uno de los procesos y determine las responsabilidades correspondientes sin mezclar el caso de violencia con las denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción.