El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, socializó el miércoles el proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado en materia de justicia, durante un Foro de Juristas que reunió a profesionales del derecho, representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil y una delegación indígena de Chuquisaca.
La propuesta plantea cambios en la administración de justicia orientados a garantizar un sistema oportuno, eficiente, expedito e independiente. Del Granado afirmó que la modificación responde a una necesidad vinculada con el fortalecimiento de la democracia y la estabilidad institucional.
“La reforma judicial viene siendo una exigencia del sistema democrático para su fortalecimiento y para su consolidación. La reforma judicial tiene que ver con una de las temáticas que hacen a la vida ciudadana y a la estabilidad democrática del país”, afirmó.
En el foro participaron los abogados Ramiro Sánchez, Aida Camacho y Audalia Zurita, además de representantes de la Universidad Mayor de San Andrés, Universidad del Valle, Fundación Jubileo, Unitas y juristas independientes. También asistió una delegación indígena de la nación Khara Khara y Marka Quila Quila, de Chuquisaca.
Los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar cambios que garanticen la independencia de las instituciones judiciales mediante su despartidización y despolitización.
El diputado Ruddy Pantaleón destacó el trabajo de la Comisión de Constitución y señaló que la propuesta aborda aspectos centrales de la administración de justicia, entre ellos el presupuesto asignado al Órgano Judicial.
“Sabemos cómo está la administración de justicia en Bolivia, no podemos decir que está en terapia intensiva, creo que es más complicado el tema cuando hablamos de administración de justicia. Por eso es importante que este tema sea abordado”, sostuvo.
La secretaria técnica de la Comisión de Constitución, Kathia Saucedo, explicó que el proyecto parte de problemas como el colapso de la institucionalidad, la instrumentalización del poder, el estrangulamiento económico y la exclusión social como barrera para acceder a la justicia.
Entre las principales propuestas se establece un presupuesto mínimo obligatorio equivalente al 3% para el Órgano Judicial, la prohibición de injerencias externas y la eliminación de jueces provisorios, temporales o ad hoc, de manera que la función judicial sea ejercida por servidores pertenecientes a la carrera judicial.
El proyecto también plantea modificar el sistema de selección de magistrados mediante la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones. Esta instancia tendría a su cargo la preselección de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, además de candidatos a Defensor del Pueblo y Fiscal General del Estado.
La comisión realizaría una evaluación de probidad y posteriormente remitiría ternas a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La propuesta contempla que la elección final sea sometida a referendo.
Otro de los planteamientos es incorporar constitucionalmente la justicia de paz, la conciliación y el arbitraje, además de establecer la obligación del Estado de garantizar la defensa pública y servicios integrales para sectores vulnerables.
La propuesta también plantea prohibir las prórrogas de mandato y establecer el cese automático de funciones una vez concluido el periodo correspondiente. El incumplimiento sería sometido a juzgamiento por la vía ordinaria. Asimismo, contempla la eliminación de la Procuraduría General del Estado.
El proyecto de ley fue presentado en abril de 2026. Los talleres de socialización fueron retomados este mes después de los conflictos sociales registrados durante 53 días, con el objetivo de ampliar la discusión y recoger propuestas de diferentes sectores.
La Comisión de Constitución continuará con las actividades de socialización antes de avanzar en el tratamiento de la propuesta de reforma parcial de la Constitución en materia de justicia.
