El Comité pro Santa Cruz plantea que los fiscales departamentales sean elegidos por las asambleas legislativas de cada región, como una alternativa para buscar profesionales idóneos al frente del Ministerio Público y evitar casos como el de Alberto Zeballos, quien es procesado por presuntos vínculos con el narcotráfico. El presidente cívico, Stello Cochamanidis, pidió además que la elección del próximo fiscal general se realice con especial cuidado.
Cochamanidis sostuvo que la elección de fiscales departamentales debería pasar por las asambleas legislativas departamentales, al considerar que este mecanismo permitiría una selección más cercana a cada región.
“Los fiscales departamentales tienen que ser electos como corresponde por las asambleas legislativas departamentales”, afirmó.
El dirigente cívico también se refirió al proceso de elección del próximo fiscal general del Estado y pidió que la Asamblea Legislativa Plurinacional considere con especial atención a los candidatos, tomando en cuenta que el actual interinato tiene un plazo de 90 días.
“En 90 días se cumple el interinato y el que quede tendrá que ser escogido con mucho cuidado”, señaló.
La declaración surge después de la salida de Alberto Zeballos de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. El exfiscal departamental es investigado junto con el exfiscal general Roger Mariaca por presuntos vínculos con el narcotráfico y una supuesta estructura de protección de este tipo de delitos, según las acusaciones mencionadas en el caso.
Cochamanidis cuestionó que se presenten situaciones de esta naturaleza y pidió que la elección de autoridades del Ministerio Público permita recuperar la confianza de la ciudadanía.
“No podemos seguir viendo este tipo de noticias que lo más probables es que no acaben ahí, necesitamos la certeza de que los asambleístas nacionales elijan a la persona más idónea, que el Ministerio Público proteja a los ciudadanos y no que los ciudadanos se tengan que proteger de fiscales y jueces”, manifestó.
El presidente del Comité pro Santa Cruz también pidió esclarecer el origen del dinero y los bienes encontrados durante los allanamientos realizados en inmuebles vinculados a Mariaca y Zeballos.
“Es público lo que ganan los servidores, se tiene que investigar cómo han obtenido sus viviendas y vehículos y justificar esos dineros”, declaró.