Bolivia atraviesa una situación de emergencia humanitaria y sanitaria marcada por el deterioro del abastecimiento, el colapso parcial de servicios esenciales y el incremento de muertes vinculadas a los bloqueos carreteros, que ya se extienden por 33 días. Ayer se reportó el fallecimiento de un transportista en el altiplano paceño y el deceso de una niña de 12 años con cáncer en Oruro, elevando a ocho el número de víctimas fatales reconocidas oficialmente por el Gobierno.
El chofer, que trasladaba mercadería desde Perú, permaneció atrapado por más de 25 días en una ruta bloqueada. De acuerdo con el testimonio de su esposa, decidió no abandonar su camión por temor a robos, lo que derivó en una severa deshidratación. En el caso de la menor, miembros de la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil (Avcci) señalaron que tenía sesiones de quimioterapia programadas en La Paz, a las que no pudo acceder por los cortes de ruta.
El Gobierno mantiene el registro oficial de siete fallecidos, mientras que la Defensoría del Pueblo advierte que la cifra podría ascender a nueve, en casos aún no esclarecidos. En paralelo, se reportan otros decesos en circunstancias vinculadas a la imposibilidad de acceso a atención médica, entre ellos pacientes renales, oncológicos y un ciudadano extranjero.
En el ámbito de la conflictividad, sectores movilizados ratificaron la continuidad de las medidas de presión y rechazaron los llamados al diálogo. En un cabildo en El Alto, con participación del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, se resolvió mantener los bloqueos, exigir la liberación de detenidos y reiterar la demanda de renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz. Argollo afirmó que no está dispuesto a “traicionar al pueblo movilizado”, mientras la COB mantiene como eje central la exigencia de la salida del Gobierno.
Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se registran más de 100 puntos de bloqueo en siete de los nueve departamentos, con mayor concentración en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Beni y Tarija mantienen sus rutas expeditas. Reportes oficiales indican que algunos puntos fueron reforzados con control territorial en serranías y el uso de estrategias de vigilancia, además de la presunta tenencia de explosivos, según información policial.
En este contexto, la Policía desplegó operativos de intervención en distintos puntos críticos. Uno de ellos se concentró en el pozo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el campo Humberto Suárez, municipio de Santa Rosa del Sara (Santa Cruz), tomado por movilizados que exigen la renuncia del presidente. El operativo, ejecutado desde las 06:00 con unidades antidisturbios, incluido el grupo Delta, buscó restituir el control del área estratégica. El comandante departamental de la Policía, David Gómez, confirmó que los manifestantes condicionan su permanencia a la dimisión del mandatario.
En paralelo, el conflicto generó impactos directos en la producción energética, luego de que las válvulas del pozo fueran cerradas por los movilizados, situación que anticipa pérdidas económicas para el Estado, según reportes técnicos preliminares.
Mientras tanto, autoridades sanitarias de La Paz declararon emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días ante la afectación del abastecimiento de oxígeno medicinal, medicamentos e insumos hospitalarios. Hospitales públicos han comenzado a restringir procedimientos y priorizar únicamente cirugías de emergencia debido a las dificultades logísticas.
La tensión social se mantiene también en el plano político y judicial. Diversos actores institucionales y políticos han llamado a restablecer el diálogo y evitar una escalada del conflicto. Sin embargo, en el terreno persisten acciones de protesta y contra-protesta, con episodios de desbloqueos impulsados por vecinos y transportistas en distintas regiones del país.
En este escenario, el país enfrenta simultáneamente una crisis de abastecimiento, una disputa política abierta por la continuidad del mandato presidencial y un deterioro progresivo de las condiciones humanitarias en las zonas afectadas por los bloqueos.