Legisladores de Unidad y PDC plantean revisar los informes del Gobierno antes de definir su voto, mientras advierten sobre el impacto de la medida en la reforma constitucional.
La ampliación del estado de excepción por 90 días genera posiciones divididas entre legisladores de Unidad y el Partido Demócrata Cristiano, quienes plantean que el decreto debe ser acompañado por informes que permitan establecer las razones y resultados de la primera medida antes de definir su aprobación.
El diputado de Unidad Gabriel Corvera señaló que su bancada todavía debe reunirse para fijar una posición, pero sostuvo que el Ejecutivo debe cumplir con los procedimientos establecidos y presentar información sobre la aplicación del estado de excepción.
“Debemos de respetar la Constitución y respetar la normativa. La normativa te exige que antes de poder hablar de la ampliación del estado de excepción, se debe de elaborar un informe”, afirmó.
Corvera planteó que ese informe debe precisar, entre otros aspectos, cuántas personas fueron movilizadas, cuánto se gastó, en qué lugares se intervino y cuál es el estado de las investigaciones y procesos iniciados durante la medida.
A partir de esa información, consideró que también debe justificarse una eventual nueva prórroga, con datos sobre los riesgos que enfrenta el país y los informes de inteligencia que sustenten la decisión.
“Está condicionado al informe, evidentemente”, respondió al ser consultado sobre el respaldo de su bancada a la ampliación.
El legislador también cuestionó que una nueva prórroga pueda prolongarse mientras avanza el proceso de reforma constitucional. A su criterio, el tratamiento debe realizarse con rapidez para evitar que el proceso se extienda hasta 2027.
“Hay que evaluar más allá de eso si me dicen en tres meses vamos a sacar recién una propuesta cuando ya tenemos seis propuestas. Lo que hay que hacer es trabajar en tiempo y materia, conseguir una sola”, sostuvo.
Desde el PDC, el diputado Ruddy Pantaleón afirmó que la bancada se encuentra dividida, aunque expresó una posición favorable a analizar la ampliación debido a la situación de bloqueos y las dificultades económicas que atraviesa el país.
“Creo que no hay otra salida. No hay otra salida que el país necesita en este momento”, afirmó.
Pantaleón, sin embargo, señaló que la continuidad del estado de excepción debe estar acompañada de medidas concretas del Ejecutivo y cuestionó que durante los primeros 90 días no se hayan resuelto problemas como el abastecimiento de combustible.
También planteó que, en caso de no continuar la medida excepcional, se avance en una ley antibloqueo que regule las acciones frente a bloqueos de carreteras, aunque remarcó que debe respetarse el derecho a la protesta establecido en la Constitución.
En contraste, la diputada del PDC Helen Patiño sostuvo que la ampliación no corresponde en las actuales condiciones y cuestionó que el Ejecutivo no haya presentado, según afirmó, la documentación necesaria para su tratamiento.
“Nuestra posición es clarísima. Primero, no cumplieron las formalidades que corresponden. La nota, el informe, ¿nuestro país se encuentra en peligro?”, señaló.
Patiño consideró que un estado de excepción debe aplicarse en situaciones extremas y sostuvo que actualmente el país no atraviesa una situación que, a su criterio, justifique la medida, aunque reconoció la existencia de malestar social por problemas económicos y de abastecimiento.
La legisladora también cuestionó las declaraciones del vocero presidencial sobre una eventual aplicación del estado de sitio y pidió que el Gobierno explique las razones y resultados de la primera medida antes de plantear nuevas acciones.
El debate legislativo se desarrolla además en un escenario marcado por los recientes hechos de violencia registrados en Santa Cruz.
Las posiciones expuestas reflejan que el tratamiento de la ampliación no cuenta con una postura uniforme entre los legisladores consultados y que la presentación y evaluación de los informes del Ejecutivo será uno de los elementos centrales para definir el debate.