La Asamblea Legislativa Plurinacional tratará este viernes la situación del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, aprehendido la noche del miércoles en Viru Viru, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de su reemplazo y las atribuciones para definir una eventual suplencia en la Fiscalía General.
La sesión fue adelantada para las 09:30 por el presidente del Senado, Diego Ávila, quien ejerce temporalmente la presidencia de la Asamblea ante el viaje del vicepresidente Edmand Lara a Europa.
Uno de los principales puntos de debate será la situación de Luis Montaño, quien asumió funciones al frente del Ministerio Público después de la aprehensión de Mariaca. Legisladores cuestionan que ese relevo se haya producido sin una resolución expresa de la Asamblea.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural, diputado Manolo Rojas, sostuvo que la Ley 260 establece las causales para la cesación del fiscal general y cuestionó que Montaño hubiera asumido esas funciones sin una decisión legislativa previa. También señaló que hasta el momento no existe una acusación formal contra Mariaca.
La diputada Lissa Claros afirmó que la Asamblea deberá determinar si corresponde una suplencia temporal o definitiva una vez que se establezca con precisión la situación jurídica de Mariaca. En tanto, el legislador Ruddy Pantaleón pidió que cualquier determinación respete el debido proceso.
El debate se desarrollará mientras Mariaca espera la resolución de una acción de libertad presentada contra el presidente Rodrigo Paz y otras autoridades. El recurso también fue planteado en favor de los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta.
El abogado penalista y exfiscal Joadel Bravo explicó que Mariaca, por su condición de fiscal general, está sujeto a un régimen especial. Señaló que la Ley 044 establece un procedimiento de juicio de responsabilidades para altas autoridades del Ministerio Público cuando son investigadas por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Según explicó, ese procedimiento contempla una etapa de investigación y acusación en la Cámara de Diputados. Si la acusación es aprobada, la autoridad queda suspendida y el proceso pasa al Senado, que actúa como tribunal de sentencia.
Bravo añadió que la Ley 612 establece que la aprobación de la acusación conlleva la suspensión del cargo, mientras que el juicio posterior determina la posible responsabilidad de la autoridad.
La Ley 260 también establece que, ante la destitución del fiscal general, la suplencia debe ser procesada por la Asamblea en favor de un fiscal departamental.
Con estos antecedentes, la sesión de este viernes deberá abordar tanto la situación institucional de la Fiscalía General como la legalidad de la actual suplencia, en un contexto marcado por la aprehensión de Mariaca y los procesos judiciales que enfrenta.