El economista especializado en gestión pública considera que la propuesta del 1% para las gobernaciones no debe aplicarse bajo una misma regla, sino tomar en cuenta las capacidades institucionales, las competencias y las necesidades de cada departamento. Advierte que las restricciones fiscales impedirán concretar el 50/50 en el corto plazo.
La discusión sobre la redistribución de recursos entre el Gobierno central y las entidades territoriales autónomas requiere un análisis que vaya más allá de los porcentajes de coparticipación. El economista especializado en gestión pública Vladimir Ameller considera que el planteamiento de Santa Cruz de recibir un tratamiento diferenciado es justificable, debido a que las gobernaciones tienen distintas capacidades para asumir competencias y prestar servicios a la población.
En entrevista con el programa «De Primera Mano», Ameller sostuvo que el modelo de distribución uniforme aplicado durante décadas ya no responde a la realidad de los gobiernos departamentales y municipales. Señaló que las diferencias institucionales, financieras y de gestión deben ser consideradas al momento de definir la asignación de recursos.
«Hoy día Santa Cruz te está pidiendo el reconocimiento a su diferenciación, a sus particularidades», afirmó. Añadió que no todos los departamentos tienen las mismas condiciones y que un modelo diseñado para Santa Cruz no necesariamente sería adecuado para Pando, así como uno pensado para El Alto no respondería a la realidad de los municipios pequeños.
El economista respaldó la posibilidad de que las gobernaciones participen de los impuestos nacionales, debido a que actualmente dependen principalmente de las regalías y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), ingresos sujetos al precio internacional del petróleo y al volumen de exportación de gas.
Sin embargo, cuestionó que la discusión se concentre en establecer un porcentaje igual para todas las entidades. Respecto al 1% propuesto para las gobernaciones, explicó que podría representar entre 450 y 500 millones de bolivianos, una cifra que consideró importante, aunque insuficiente si no se evalúan las necesidades particulares de cada departamento.
«Hay necesidad de destapar un poco esa caja y ver de qué estamos hablando, dónde hay descalce, dónde hay una brecha, cómo compensamos esa necesidad de financiamiento», manifestó.
Ameller también planteó que la redistribución debe estar vinculada con las responsabilidades que asumirán las gobernaciones y los municipios. En ese sentido, mencionó el sector salud y las dificultades de financiamiento del tercer nivel de atención, además de la necesidad de mejorar la provisión de medicamentos, reducir las filas y los tiempos de espera para consultas y cirugías.
Como ejemplo de un posible cambio en la gestión autonómica, destacó la disposición de Santa Cruz para asumir la rectoría en salud. Consideró que las entidades territoriales que tengan capacidad y voluntad para hacerse cargo de determinadas competencias deberían contar con mecanismos de financiamiento y asistencia técnica acordes con esas responsabilidades.
Sobre la viabilidad económica del 50/50, el especialista advirtió que las restricciones fiscales del país limitan la posibilidad de concretar una redistribución inmediata. Estimó que el proceso podría demorar entre cinco y diez años, por lo que planteó establecer una ruta progresiva que incluya nuevas fuentes de financiamiento.
«Va a ser muy difícil y va a tener que hacerse un ejercicio de ingeniería financiera muy fuerte al interior del Estado boliviano», sostuvo. Entre las alternativas mencionó el crédito subnacional sin garantía soberana, la emisión de bonos municipales y la posibilidad de que las gobernaciones desarrollen sus propios dominios tributarios.
Finalmente, advirtió que la asignación de mayores recursos también debe tomar en cuenta la capacidad de ejecución presupuestaria. Indicó que existen gobernaciones que no alcanzan a ejecutar el 50% de los recursos presupuestados, mientras otras superan el 70%.
Para Ameller, el desafío no consiste únicamente en transferir más dinero, sino en establecer qué entidades pueden asumir mayores responsabilidades, qué necesidades deben atenderse y cómo garantizar que los recursos se traduzcan en mejores servicios para la población.
