El abogado Waldo Albarracín sostuvo que el salvoconducto otorgado a Nadia Beller implica un reconocimiento del Gobierno sobre la falta de condiciones para garantizar su seguridad y un juicio justo en Bolivia. Sin embargo, aclaró que su salida del país y su condición de refugiada en México no impiden que la Fiscalía continúe investigando posibles hechos delictivos.
Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Albarracín señaló que la protección de la vida, la integridad física y la seguridad de una persona corresponde al Órgano Ejecutivo. En ese sentido, consideró que, si Beller manifestó que su seguridad estaba en riesgo y el Gobierno le otorgó un salvoconducto, esta decisión supone admitir que no existen garantías suficientes para proteger sus derechos.
«Pero al otorgar el salvoconducto implícitamente estás reconociendo que la persona está insegura en cuanto a sus derechos y de alguna manera estaría aceptando que hay un problema de persecución política», afirmó.
Consultado sobre la posibilidad de que otras autoridades o exautoridades abandonen Bolivia bajo el mismo argumento, Albarracín descartó que el caso de Beller pueda tomarse como antecedente para otras situaciones, particularmente la de Álvaro García Linera.
«No se puede utilizar ni como jurisprudencia ni como antecedente el caso del señor García Linera ni de otras personas», manifestó.
El abogado sostuvo que ambos casos son diferentes. Sobre Beller, afirmó que no existen hechos concretos que la vinculen con delitos, aunque precisó que puede ser sometida a una investigación. En cambio, al referirse a García Linera, mencionó el caso Hotel Las Américas y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Albarracín señaló que, en ese caso, la CIDH responsabilizó al Estado boliviano por crímenes de lesa humanidad y recordó que García Linera ejercía la Vicepresidencia durante el gobierno de Evo Morales. Con esos argumentos, insistió en que no corresponde establecer una comparación entre ambas situaciones.
Respecto a las acciones judiciales que podrían iniciarse contra Beller mientras permanece en México, Albarracín aclaró que su condición de refugiada no suspende la facultad del Estado boliviano de investigar presuntos delitos.
«No se suspende bajo ningún argumento jurídico la pretensión punitiva de un Estado que quiera investigar supuestas o presuntas actitudes delictivas de cualquier persona, solamente por estar fuera del país, incluso en condición de refugiar», sostuvo.
Añadió que las investigaciones deben desarrollarse de manera imparcial y objetiva, respetando la presunción de inocencia y los principios establecidos en la Constitución y en la normativa internacional de derechos humanos.
Finalmente, explicó que si durante las investigaciones se encuentran indicios de culpabilidad, podría plantearse una eventual extradición, pero su aceptación dependerá de los criterios y la decisión del Estado mexicano. Por ello, remarcó que estar fuera de Bolivia no libera a ninguna persona de una investigación penal.