El abogado Waldo Albarracín afirmó que Romer Saucedo perdió toda posibilidad jurídica de continuar como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debido a que salió del país y permaneció ausente por más de seis días consecutivos sin solicitar licencia. Además, advirtió que la sustitución de la autoridad no resuelve la crisis estructural del sistema judicial boliviano, que, a su criterio, está marcada por la injerencia política en la designación de sus máximas autoridades.
Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Albarracín sostuvo que la ausencia de Saucedo se enmarca en el abandono de funciones, debido a que se trata de un cargo de dedicación exclusiva y no existen, según señaló, razones justificadas para su salida.
El abogado cuestionó que el expresidente del TSJ alegara persecución política para abandonar Bolivia y sostuvo que debía asumir su defensa ante las instancias correspondientes. En su criterio, su salida responde a un intento de evadir una investigación y una eventual acción penal por presuntas inconductas, entre ellas posibles vínculos con el narcotráfico.
«Entonces, en otras palabras, él ya está fuera del órgano judicial por sus propias inconductas», manifestó.
También descartó que Saucedo pueda continuar ejerciendo la presidencia del TSJ desde el exterior. Recordó que la autoridad fue elegida por los magistrados de Sala Plena y cuestionó que pretenda desempeñar sus funciones a distancia, desde Brasil, mediante plataformas como WhatsApp o Zoom.
Sobre la suplencia de Miriam Rosero, Albarracín aclaró que no conoce a la magistrada y que no corresponde cuestionar su designación sin conocer su desempeño. Sin embargo, remarcó que el reemplazo de una autoridad no soluciona los problemas de fondo de la justicia.
Para el abogado, tanto el Órgano Judicial como el Ministerio Público necesitan una reforma profunda que permita recuperar su independencia, fortalecer la ética profesional y garantizar que sus máximas autoridades sean elegidas por méritos y capacidad, y no por acuerdos políticos.
«Porque no les conviene ni al gobierno ni al congreso un órgano judicial independiente, no les conviene una fiscalía independiente», afirmó al cuestionar los criterios utilizados durante las últimas décadas para designar a las autoridades judiciales y fiscales.
En esa línea, sostuvo que los cargos vinculados a la administración de justicia han sido objeto de negociaciones entre organizaciones políticas y cuestionó que en la actual estructura gubernamental de Rodrigo Paz todavía existan personas vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS) en puestos clave.
Albarracín también señaló que la crisis judicial no puede atribuirse únicamente a quienes actualmente ocupan esos cargos, sino a la responsabilidad de la clase política que, según dijo, prioriza sus intereses y la distribución de espacios de poder por encima de la independencia institucional.
Como ejemplo, cuestionó la reelección del presidente de la Cámara de Diputados y consideró que el episodio en el que apareció lustrándose los zapatos con ayuda de una ciudadana debió motivar una evaluación ética antes de su ratificación.
Asimismo, mencionó que existiría información sobre el supuesto pago de más de un millón de dólares en sobornos a parlamentarios para conseguir la designación del exfiscal general Juan Lanchipa Mariaca. Esta afirmación fue planteada por Albarracín como parte de su crítica a los mecanismos de elección de autoridades.
Finalmente, insistió en que el cambio de nombres no será suficiente mientras persistan los acuerdos políticos y la falta de independencia. A su juicio, la transformación de la justicia requiere modificar los criterios de selección y garantizar que quienes asuman las máximas responsabilidades actúen con ética, capacidad profesional y autonomía.