El diputado Carlos Alarcón afirmó este martes que Bolivia aún no se encuentra bajo un estado de excepción, pese a la promulgación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción por parte del presidente Rodrigo Paz Pereira. En entrevista con el programa “De Primera Mano”, explicó que la aplicación de esta medida requiere necesariamente un decreto supremo de declaratoria emitido por el Órgano Ejecutivo. “Mientras no se dicte el decreto con declaratoria del estado de excepción y que entre en vigencia inmediata una vez dictado y publicado, todavía no estamos en un estado de excepción”, sostuvo. Asimismo, recordó que una vez emitido el decreto, la Asamblea Legislativa deberá pronunciarse sobre su contenido en un plazo de 72 horas.
Al referirse a la crisis derivada de los bloqueos, el legislador aseguró que el país atraviesa una situación insostenible debido a las restricciones al abastecimiento, el transporte y la atención de servicios básicos. Citando datos de la Cámara Nacional de Industrias, señaló que las pérdidas económicas acumuladas alcanzan los 2.340 millones de dólares y que cada día de bloqueo representa alrededor de 60 millones de dólares en perjuicios. “Ya no se puede seguir sosteniendo este estado de total anormalidad” y “Bolivia está arrodillada al caos y a la anarquía de la violencia”, afirmó durante la entrevista.
Alarcón también cuestionó el accionar de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la oficina del Defensor del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, al considerar que no visibilizan suficientemente las afectaciones que sufren los ciudadanos por los bloqueos. “¿Acaso no estamos violados en nuestros derechos humanos cuando no podemos adquirir un litro de gasolina, acceder a alimentos, medicamentos o trasladarnos libremente?”, cuestionó. Además, mencionó denuncias sobre el uso de una ambulancia para el traslado del senador Leonardo Loza hacia el Trópico de Cochabamba, mientras, según dijo, otros pacientes enfrentan dificultades para acceder a atención médica oportuna.
En ese contexto, el diputado sostuvo que el Gobierno debe adoptar decisiones inmediatas para restablecer la circulación y garantizar el acceso a productos esenciales, combustibles, oxígeno y servicios de salud. “Ya no se puede prolongar esta situación de agonía del pueblo de Bolivia”, afirmó, al advertir que los efectos económicos y sociales de los bloqueos podrían tardar años en ser revertidos.