Santa Cruz, 5 de julio.- La defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, espera que el director del recinto penitenciario de Chonchocoro, mayor Ariel Aruquipa, responda a la autorización que dio la Justicia para que la primera autoridad departamental asista este jueves al Consejo Nacional de Autonomías.
“Se hizo conocer la resolución de la autoridad jurisdiccional que está a la espera de la cantidad de escolta para que el gobernador sea trasladado mañana ante el Consejo Nacional de Autonomías y asista a la reunión convocada por el poder Ejecutivo. Sólo faltaría que el gobernador del recinto penitenciario nos responda y agilicemos los trámites”, afirmó Martín Camacho, abogado del gobernador.
Afirmó que el tiempo de respuesta por parte del jefe policial dependerá de la agilidad o retardación que le dé al trámite y autorización dada por el juez de Anticorrupción Segundo de la capital cruceña.
Sobre la decisión que tomó la justicia, el abogado del gobernador señaló que actuó como corresponde, ya que no se trata de ningún privilegio ni beneficio hacia Luis Fernando Camacho, porque se basa en el derecho de trabajo, político y civil.
“Esta decisión asiste a la ciudadanía de Santa Cruz, de ser representada por su gobernador, mismo que tiene derecho al trabajo y también derecho político, al ser autoridad electa, de estar presente en esta reunión. Todos estos elementos han sido respetados por el juez y eso nos parece correcto”, sentenció.
Al respecto, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó pasado el mediodía que no recibieron ninguna resolución por parte del Órgano Judicial, pero aclaró que una vez llegue el documento hasta el centro penitenciario se debe dar curso.
“Tenemos a los custodios, vamos a analizar, todavía no podemos dar una opinión respecto a algo que no ha sido conocido oficialmente. Hay los canales correspondientes para autorizar la salida de cualquier privado de libertad”, dijo.
Martín Camacho explicó a EL DEBER que la dirección de Régimen Penitenciario “no tiene vela en este entierro”, ya que quien tiene que autorizar los escoltas policiales es el gobernador de Chonchocoro.
Vía: El Deber