El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó que la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos permitirá revisar las fallas en fiscalización y control del combustible, mientras se prepara la creación de una nueva entidad reguladora que funcionará de manera paralela durante la transición.
Blanco explicó que la intervención fue dispuesta mediante el Decreto Supremo 5699 debido, principalmente, al desabastecimiento de combustibles y a las deficiencias detectadas en los procesos de fiscalización.
“Hay un problema bien serio en la fiscalización, que se lo ha detectado y se ha venido trabajando, pero se está tomando esta medida extraordinaria porque las medidas ordinarias no solucionaron el problema”, señaló.
La autoridad afirmó que una de las principales tareas será sacar a más funcionarios a las calles para controlar el contrabando y la desviación de combustible, en lugar de concentrar el trabajo en las oficinas.
“La gente tiene que ir a fiscalizar al lugar. Necesitamos más gente en la calle y no tanta gente en los escritorios”, sostuvo.
Blanco también anunció que el Gobierno trabaja en un decreto para endurecer las penas contra las personas involucradas en el contrabando interno de combustible. Como ejemplo, mencionó un operativo policial militar con más de 300 efectivos en el que se detectó una cisterna desviando combustible y cuestionó que el surtidor involucrado no hubiera sido intervenido pese a las instrucciones emitidas.
Respecto a la reestructuración de la entidad, el ministro confirmó que la actual ANH será cerrada y reemplazada por una nueva institución. Ambas funcionarán de manera paralela hasta que concluya el proceso de transición.
“Se va a tener que cerrar, pero se va a abrir otra y, de manera paralela, hasta que no funcione la nueva, tiene que seguir funcionando la ANH”, explicó.
El nuevo personal será contratado mediante organismos internacionales para garantizar transparencia y bajo criterios de meritocracia. Blanco afirmó que la comisión interventora determinará también las responsabilidades de funcionarios involucrados en posibles irregularidades.
En cuanto a YPFB, el ministro reveló que durante la intervención se identificaron unos 600 usuarios que no pertenecían a la estatal, entre ellos personas que ya habían sido desvinculadas o que aparentemente nunca formaron parte de la empresa, pero que ingresaban a los sistemas y realizaban nominaciones de combustible.
Como consecuencia de estos hallazgos, informó que fue cambiado el gerente comercial de YPFB y anunció que se asumirán acciones legales contra quienes resulten responsables.
Además, equipos especializados revisarán el sistema BESIGSA para identificar sus fallas y mejorar su funcionamiento, con el objetivo de fortalecer el control sobre la distribución de combustibles.