El vicepresidente presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía por diferencias en el valor consignado en la documentación de una Audi Q4 e-tron y su posterior declaración jurada de bienes y rentas.
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara Montaño, presentó este 12 de agosto una denuncia penal contra el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, por presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición, valoración y declaración patrimonial de una vagoneta Audi Q4 e-tron.
Según la denuncia, el vehículo fue registrado mediante el Testimonio de Escritura Pública N.º 1685/2026, de fecha 30 de abril de 2026, con un valor consignado de Bs 50.000.
Sin embargo, el documento señala que posteriormente Espinoza habría manifestado públicamente que por el vehículo realizó un desembolso de Bs 350.000, generando una diferencia que, según Lara, debe ser esclarecida dentro de una investigación.
Otro de los elementos incluidos en la denuncia corresponde a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentada por el ministro ante la Contraloría General del Estado el 29 de junio de 2026.
De acuerdo con el documento presentado por Lara, Espinoza declaró activos por Bs 9.367 y no habría registrado la vagoneta adquirida aproximadamente dos meses antes.
La denuncia incorpora como elementos de convicción el testimonio de escritura pública, el extracto oficial de la declaración patrimonial y registros de declaraciones públicas atribuidas al ministro.
A partir de estos antecedentes, el vicepresidente solicita que las autoridades competentes investiguen los hechos y determinen si existen responsabilidades penales.
La denuncia menciona, entre otros, posibles delitos de falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y enriquecimiento ilícito.
No obstante, la existencia de estos delitos y la eventual responsabilidad del ministro deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes dentro del proceso investigativo.
Lara también solicita que se realice un análisis financiero y patrimonial mediante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), además de la verificación de los aspectos tributarios relacionados con la transferencia del vehículo.
La acción fue presentada el 12 de agosto de 2026 y el vicepresidente sostuvo que todo servidor público debe responder ante la ley y que la transparencia sobre el patrimonio constituye una obligación en el ejercicio de la función pública.