El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señaló que se debe establecer responsabilidades por los más de Bs 233 millones utilizados en el proceso electoral anulado y anunció que se requiere la participación de la Procuraduría, la Asamblea Legislativa y el órgano electoral.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, planteó la necesidad de determinar quiénes deben responder por los recursos destinados a las elecciones generales de 2019, proceso que fue anulado tras las denuncias de irregularidades y el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En entrevista con el programa “De Primera Mano”, Goitia explicó que el Estado boliviano destinó más de Bs 233 millones para esos comicios, recursos que, según señaló, deben ser analizados para establecer responsabilidades y definir las acciones correspondientes para una posible recuperación.
“Nos habíamos gastado más de 233 millones de bolivianos en una elección que sirvió para nada, porque no se eligió nada, porque esa elección quedó nula”, afirmó.
El vocal del TSE indicó que este proceso requiere la intervención de varias instituciones, entre ellas la Procuraduría General del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el propio órgano electoral, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer la vía legal correspondiente.
Goitia aclaró que no se busca responsabilizar a empresas o proveedores que cumplieron con los servicios contratados durante el proceso electoral, sino determinar quiénes estuvieron vinculados con la presunta manipulación que derivó en la nulidad de los comicios.
“Hay que llegar a establecer quién es responsable de esa manipulación informática que derivó en la nulidad de esas elecciones y que, por lo tanto, debe responder por esta suma de dinero sacada de los bolsillos de los bolivianos y bolivianas”, manifestó.
Asimismo, recordó que el informe de la OEA identificó irregularidades en el proceso electoral de 2019 y sostuvo que ahora corresponde avanzar en una evaluación institucional para definir responsabilidades económicas y legales.
El vocal del TSE afirmó que la recuperación de estos recursos no solo tiene un componente económico, sino también un impacto en la confianza ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.