El exfiscal Jaime Soliz afirmó que el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), tras más de 50 días de bloqueos, “no tiene por qué cumplirse” porque, a su juicio, fue alcanzado en un contexto de presión. Además, cuestionó que el Ministerio Público haya asumido un papel de garante y sostuvo que la Fiscalía debe concentrarse en la persecución penal de los delitos.
El exfiscal Jaime Soliz aseguró que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) no debería ejecutarse, al considerar que fue suscrito en medio de una situación de coacción derivada de la crisis y los bloqueos que afectaron al país por más de 50 días.
“Cuando se firma un acuerdo bajo presión, ese acuerdo no se tiene por qué cumplir”, afirmó en el programa De Primera Mano, al señalar que la voluntad de una de las partes “estaba atrapada” por las circunstancias y que, por ello, se trataría de un “acuerdo ilícito”.
En ese contexto, sostuvo que el Ejecutivo “no tiene por qué cumplir el acuerdo con la Central Obrera Boliviana”, al considerar que fue alcanzado en un escenario marcado por la falta de capacidad de reacción ante los conflictos.
Soliz también cuestionó la participación del Ministerio Público como garante del cumplimiento de los compromisos asumidos. Remarcó que la institución tiene como función constitucional la investigación y persecución de los delitos de acción pública y no la de avalar acuerdos políticos.
“El fiscal único que puede garantizar es un proceso transparente de todos los que hayan cometido delito en este país”, sostuvo.
Según el exfiscal, “en ninguna de sus atribuciones está que el fiscal general pueda ser garante de nadie”, por lo que consideró contradictorio que la Fiscalía haya sido incluida en el acuerdo.
Asimismo, llamó a las personas y sectores que se consideren afectados por los bloqueos a iniciar acciones penales. “Ha llegado el momento de decir basta a la impunidad”, afirmó, al señalar que las denuncias pueden dirigirse contra los presuntos autores materiales e intelectuales de los hechos.
Respecto a la presencia del fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores en las negociaciones con la COB, Soliz indicó que el Ministerio Público debió limitarse a la investigación de los hechos y no involucrarse en aspectos de carácter político.
“La Fiscalía lo único que tenía que hacer era cumplir la persecución penal pública, investigar a los autores intelectuales y materiales”, sostuvo, y agregó que la participación de autoridades fiscales en ese proceso podría derivar en cuestionamientos por presuntos incumplimientos de deberes.
El exfiscal consideró que corresponde a los legisladores evaluar y promover las acciones que estimen pertinentes frente al accionar de las autoridades involucradas.