El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marcelo Solís, aseguró que las medidas adoptadas por el Estado durante la crisis y el estado de excepción vigente se enmarcan en estándares internacionales y anunció que continúa a la espera de una respuesta oficial de autoridades argentinas sobre la presencia de una comisión que denunció presuntas vulneraciones de derechos humanos en Bolivia.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marcelo Solís, sostuvo que las acciones impulsadas por el Estado boliviano durante el conflicto social y la vigencia del estado de excepción cuentan con observaciones técnicas de organismos internacionales y se encuentran dentro de los parámetros establecidos por convenios suscritos por el país.
La autoridad recordó que, al inicio de las movilizaciones, la comisión legislativa promovió una resolución camaral para establecer una “pausa humanitaria”, medida que derivó en la habilitación de corredores para el ingreso de insumos y atención de emergencias. Sin embargo, lamentó que «algunos sectores radicales no han permitido los corredores humanitarios producto de esta pausa humanitaria».
Asimismo, indicó que, ante los cuestionamientos sobre la Ley de Regulación de Estados de Excepción, se solicitó un comentario técnico a la Oficina Regional de Derechos Humanos de Naciones Unidas para América Latina. Según Solís, el organismo respondió que la normativa «contemplaba los estándares internacionales» y únicamente recordó que ciertos derechos, como el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, son inderogables.
“Nos dice que la misma estaría contemplando los estándares internacionales y que estaría de acuerdo a la normativa internacional”, afirmó el legislador, al señalar que varios sectores habían advertido que la norma vulneraba derechos constitucionales.
Respecto a la presencia en Bolivia de una delegación vinculada a organismos de derechos humanos de Argentina, Solís afirmó que la comisión que ingresó al país no habría seguido los protocolos internacionales correspondientes y anunció que se remitieron notas al presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem, y a la Presidenta del Bloque Fuerza por Buenos Aires, Claudia Neira Musso, para conocer si existía una misión oficial acreditada.
“No pueden venir ningunos súbditos argentinos a decir que son parte de la Comisión de Derechos Humanos si no han cumplido esos estándares y no están acreditados por organismos internacionales”, manifestó.
El legislador señaló que aún no existen plazos definidos para recibir una respuesta, aunque expresó su confianza en que prevalecerán los principios de cooperación y transparencia entre ambos países.
Solís también cuestionó el desempeño de la Defensoría del Pueblo durante las semanas de conflicto y afirmó que la institución no respondió a la convocatoria que realizó la Comisión de Derechos Humanos para conformar una instancia de mediación junto con la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica.
“Tenemos que actuar si existe vulneración de derechos de los bloqueadores, como también de la población, que ha sido la que más ha visto vulnerados sus derechos”, afirmó.
Finalmente, consideró que uno de los desafíos posteriores a la crisis será la reconstrucción institucional y la recuperación de la confianza ciudadana. “Lo que queda en esta fase es la reconstrucción de las instituciones y que la población vuelva a tener confianza”, señaló.