Cuando se cumplen 50 días de movilizaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) advirtió un impacto económico severo con cierre de empresas y despidos, atribuidos a la paralización por bloqueos. En ese contexto, el sector empresarial anunció la preparación de una demanda penal contra la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos Túpac Katari y otras organizaciones, además de plantear al Ejecutivo una ley de transitabilidad para evitar futuros bloqueos.
El presidente de la CNC, Eduardo Olivo, cuestionó las consecuencias de las protestas y planteó interrogantes sobre la recuperación del empleo, la inversión y las pérdidas económicas. Señaló que, a su juicio, “nadie” podrá devolver los empleos ni las inversiones afectadas por las semanas de paralización, mientras el sector privado reporta daños económicos significativos y advierte que algunas empresas ya no pudieron sostener operaciones ni pagar salarios.
La CNC informó que su directorio aprobó por unanimidad iniciar acciones legales por los perjuicios ocasionados y estimó pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares durante el periodo de bloqueos. Asimismo, planteó una “ley de transitabilidad” y un plan de reactivación económica que incluya alivio tributario, mientras insiste en la necesidad de medidas estatales urgentes para garantizar la circulación y la continuidad del trabajo en el país.