El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset negocia un posible acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos en el marco de un proceso por narcotráfico y lavado de dinero.
La audiencia preliminar prevista para este 20 de mayo en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia fue suspendida y reprogramada para el 1 de julio, luego de que fiscales y abogados defensores solicitaran más tiempo para continuar las negociaciones. La decisión fue autorizada por el juez federal Rossie Alston Jr..
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Marset es señalado como líder de una estructura criminal dedicada al envío de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y al lavado de millones de dólares mediante operaciones financieras internacionales.
El fiscal federal adjunto Anthony Aminoff informó que el proceso ya reúne 22 GB de evidencia digital y documental, entre comunicaciones interceptadas, registros financieros y documentación obtenida mediante cooperación judicial con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.
Entre los elementos considerados clave figura el teléfono celular que Marset mantenía guardado en una caja fuerte al momento de su captura en una vivienda de Santa Cruz. El dispositivo fue enviado a Estados Unidos para pericias técnicas y, según los investigadores, podría contener información sobre contactos, movimientos financieros y operaciones de la organización criminal.
Durante los operativos también fueron incautados dinero en efectivo, joyas, computadoras, tablets y documentos presuntamente vinculados a la red de narcotráfico.
La defensa de Marset, encabezada por el abogado Santiago Moratorio y reforzada por el exfiscal federal Gene Rossi, busca concretar un acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense.
Si el acuerdo prospera, Marset deberá brindar información sobre las operaciones y conexiones de la organización criminal a cambio de una posible reducción de condena. En caso de ir a juicio y ser declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión, además de multas económicas y libertad supervisada.
El caso también genera repercusiones regionales, debido a las investigaciones abiertas en Paraguay por el caso A Ultranza Py y a procesos vinculados al narcotráfico en Bolivia.