El abogado constitucionalista y exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de la Cruz, analizó el actual escenario de movilizaciones en el país y sostuvo que las medidas de presión deben enmarcarse en el derecho constitucional a la protesta, aunque advirtió riesgos de politización en las organizaciones sociales.
De la Cruz señaló que la Central Obrera Boliviana (COB) cumple un rol de representación de los trabajadores, respaldado por la Constitución Política del Estado. Sin embargo, cuestionó el desempeño de la dirigencia sindical en las últimas dos décadas, a la que atribuyó una pérdida de independencia frente a los gobiernos de turno. “En los 20 años no han luchado por las reivindicaciones de la clase trabajadora, han convivido con el poder gobernante de turno”, manifestó el exdirigente.
En ese contexto, advirtió que las movilizaciones pueden ser aprovechadas con fines políticos ajenos a las demandas sociales. “La clase política quiere aprovecharse de esta preocupación, de este clamor de la gente”, señaló, al referirse a los conflictos actuales. Reiteró además que la protesta social es un derecho reconocido. “Tienen derecho a la protesta, tienen derecho a la huelga, porque está constitucionalizado”, afirmó, aunque insistió en que las demandas deben mantenerse dentro del ámbito reivindicativo.
De la Cruz también se refirió a la actual conducción de la Central Obrera Boliviana, encabezada por el dirigente Mario Argollo, a quien identificó como parte de un nuevo liderazgo sindical que busca —según dijo— recuperar la imagen institucional de la organización. “Hay nuevos dirigentes a la cabeza de Mario Argollo, quienes quieren recuperar la imagen de la otrora Central Obrera Boliviana”, indicó.
No obstante, advirtió que la vinculación con intereses políticos podría afectar la legitimidad del ente sindical. “No quiero que la Central Obrera Boliviana se convierta nuevamente en una entidad político partidaria”, agregó.
En su análisis, insistió en la necesidad de instalar un proceso de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados, tomando en cuenta la situación económica del país y la limitación de recursos públicos. “Tiene que sentarse el poder gobernante con los sectores y definir prioridades en base a los recursos disponibles”, expresó.
Finalmente, planteó que la solución a los conflictos sociales debe centrarse en la reactivación productiva como política de Estado. “Necesitamos políticas de Estado para una verdadera reactivación productiva”, sostuvo, al advertir que las medidas de presión suelen escalar si no existen espacios de negociación oportunos.