El Juzgado 16º de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz recibió la resolución de imputación formal presentada por el Ministerio Público dentro del proceso seguido a instancia del Banco Central de Bolivia (BCB), por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tipificados en los artículos 154 y 224 del Código Penal.
La imputación fiscal alcanza a Roger Edwin Rojas Ulo, Oscar Ferrufino Morro, Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert, Rolando Sergio Colque Soldado, Rolando Jorge Olmos Alcalá, Pascual Oswaldo Quellai Nina y Renán Marcelo Franco Choque, quienes son investigados por su participación en operaciones del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA) del BCB.
De acuerdo con la investigación, entre junio y julio de 2024 se habrían ejecutado siete operaciones de intercambio de bonos soberanos con entidades financieras y aseguradoras, en el marco del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central de Bolivia. El Ministerio Público señala que estas operaciones habrían generado un presunto daño económico al Estado de USD 142.288.413,75, debido a diferencias entre el valor de mercado de los bonos y el precio al que fueron adquiridos.
La Fiscalía sostiene que los hechos se habrían producido por omisión del deber de diligencia en el ejercicio de funciones, considerando el nivel jerárquico de los implicados dentro de la estructura del BCB, y que existen elementos de convicción que sustentan la probabilidad de autoría, además de riesgos procesales de fuga y obstaculización.
En ese marco, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva por el plazo de seis meses. Para Roger Edwin Rojas Ulo y Oscar Ferrufino Morro se pidió su cumplimiento en el penal de San Pedro de La Paz, mientras que para Pascual Oswaldo Quellai Nina y Rolando Sergio Colque Soldado se solicitó su detención en el Centro de Custodia y Rehabilitación “Cero Violencia” de Patacamaya.
La situación jurídica de los imputados será definida en audiencia de medidas cautelares ante la autoridad jurisdiccional competente.
