El analista señaló que la medida busca preservar la circulación y la actividad productiva, pero consideró que el Gobierno debe actuar con flexibilidad frente a movilizaciones que no impliquen cortes de vías.
El analista en marketing político Ricardo Paz consideró que la posible ampliación del Estado de excepción está vinculada a la necesidad del Gobierno de atender la situación económica y evitar nuevas interrupciones de las vías y de la cadena productiva. En De Primera Mano, sostuvo que la Asamblea Legislativa deberá evaluar la solicitud y planteó que las movilizaciones pacíficas deben diferenciarse de los bloqueos.
Paz explicó que, desde su perspectiva, el Gobierno está priorizando las urgencias económicas, entre ellas los problemas relacionados con los combustibles, el dólar y la reactivación del aparato productivo.
“Lo urgente en este momento es pues enfrentar y resolver la crisis económica, el tema de los combustibles, el tema del dólar, el tema de la reactivación del aparato productivo”, afirmó.
En ese contexto, señaló que el Ejecutivo considera necesario contar con condiciones de tranquilidad para avanzar con sus medidas y evitar interrupciones que afecten la actividad económica. Explicó que el decreto de ampliación debe ser considerado por la Asamblea Legislativa al tratarse de una prórroga.
Según Paz, uno de los efectos que busca evitar la medida es que se repitan situaciones como las registradas durante los 53 días de bloqueos. Sostuvo que la Asamblea deberá analizar los argumentos presentados por el Gobierno antes de definir si aprueba o rechaza la solicitud.
El analista también se refirió a la relación entre el Estado de excepción y una eventual reforma constitucional. Afirmó que el trabajo previo de consenso podría continuar durante el periodo de ampliación y que posteriormente podría desarrollarse el procedimiento legislativo correspondiente.
“Se puede hacer muchos trabajos de consenso, de concertación, mesas técnicas, etcétera, se puede avanzar muchísimo en la reforma constitucional por fuera del procedimiento legislativo”, sostuvo.
Respecto a las movilizaciones sociales, Paz planteó que el Gobierno debería mantener una postura flexible frente a las protestas pacíficas, especialmente ante la situación económica que atraviesa la población.
“Desde mi punto de vista el Gobierno debería permitir, debería ser flexible, debería permitir las marchas, estas movilizaciones pacíficas”, afirmó.
Sin embargo, marcó una diferencia entre las manifestaciones y los bloqueos de carreteras. “Lo que no se puede permitir son los bloqueos, lo que no se puede permitir es el corte de vías de carreteras que estrangulen al país e impidan el desarrollo de la cadena productiva”, señaló.
Paz sostuvo que una movilización legítima, desde su perspectiva, se caracteriza por ser limitada y desarrollarse de manera pacífica. En cambio, consideró que la situación cambia cuando se incorporan hechos de violencia, daños a bienes o cortes de vías.
“Cuando la protesta social es legítima es una protesta limitada, la gente va, se manifiesta, marcha, hace conocer su posición y se retira pacíficamente”, explicó.
Durante la entrevista también cuestionó la estrategia de comunicación del Gobierno. Afirmó que uno de los principales problemas de la gestión está relacionado con la manera en que se explican las medidas adoptadas y sus razones.
“El principal déficit que tiene desde mi punto de vista la gestión gubernamental es la gestión de la comunicación”, sostuvo Paz, quien consideró que informar de manera oportuna permite que la población conozca las razones de las políticas públicas.
Finalmente, sobre el tratamiento de la ampliación en la Asamblea Legislativa, pidió que las decisiones sean analizadas tomando en cuenta el interés público y las necesidades del país.
“Ojalá haya racionalidad, ojalá haya sensatez en la Asamblea y se imponga este criterio del interés común”, manifestó.
Asimismo, se refirió al papel del vicepresidente Edmand Lara como presidente nato de la Asamblea Legislativa y señaló que deberá convocar al Legislativo para tratar la solicitud de ampliación dentro del plazo establecido, una vez recibido el decreto correspondiente.