El abogado de Alberto Zeballos, Cristian Sánchez, cuestionó la detención preventiva del exfiscal de distrito de Santa Cruz y anunció que este miércoles buscará, en una audiencia de apelación, que el proceso sea trasladado nuevamente a ese departamento y que su defendido pueda asumir su defensa en libertad. “Primero te detengo y luego veo qué hay en tu contra”, sostuvo al cuestionar la forma en que, a su criterio, se está desarrollando la investigación.
Sánchez afirmó que la imputación contra Zeballos se habría construido principalmente a partir de su condición de exfiscal departamental y de elementos que, según su interpretación, no serían suficientes para sustentar una detención preventiva.
“En cuanto al doctor Ceballos solamente se basa en una condición inherente de ser fiscal departamental, tener dependencia funcional de la Fiscalía General”, sostuvo.
El abogado cuestionó además que el proceso sea tramitado fuera de Santa Cruz y anunció que insistirá en que el caso vuelva a ese departamento. Argumentó que allí se encuentran las pruebas, la noticia criminal y el entorno familiar de los imputados.
“Las pruebas están en Santa Cruz, la noticia criminal está en Santa Cruz, el arraigo domiciliario familiar está en Santa Cruz”, afirmó, citando los argumentos expuestos previamente por un juez.
La decisión sobre el lugar donde se tramitará la causa está pendiente de una audiencia de apelación prevista para este miércoles en una sala penal de La Paz, debido a que el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público impugnaron la determinación que favorecía el traslado del proceso a Santa Cruz.
Sánchez también cuestionó la aprehensión de su defendido y sostuvo que no existía una situación de flagrancia. Según explicó, uno de los elementos utilizados en la investigación corresponde a un video registrado meses antes de la detención.
“Si el vídeo de Marcela ha sido grabado el día 13 de marzo de este año, que estaba en poder de la Policía, que estaba en poder del Ministerio de Gobierno, tenía conocimiento de su contenido, ¿hay flagrancia desde marzo a octubre? Por supuesto que no”, afirmó.
A partir de ese argumento, el abogado calificó la aprehensión como ilegal e inconstitucional y cuestionó también otros procedimientos realizados durante la investigación, entre ellos el registro de personas y el secuestro de objetos en un aeropuerto.
Sánchez sostuvo además que el pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre determinadas personas no puede, por sí solo, constituir el fundamento de una imputación penal en Bolivia.
“¿Alcanza ese pronunciamiento que ni siquiera está documentado para construir una imputación y un caso en Bolivia? Por supuesto que no”, afirmó.
Respecto al delito de organización criminal atribuido a los investigados, el abogado cuestionó que se pretenda vincular automáticamente al Ministerio Público con una estructura de ese tipo.
“Aquí se está diciendo que el Ministerio Público no era una institución pública sino una empresa criminal. ¿Pero en qué momento se convierte? Nada de eso se explica”, sostuvo.
De cara a la audiencia de este miércoles, la defensa buscará además modificar la medida cautelar impuesta a Zeballos para que pueda defenderse en libertad, mediante una medida menos gravosa.
“Vamos a procurar de que mi defendido se defienda en libertad, en alguna forma de detención domiciliaria, con algunas reglas de conducta, con alguna forma de arraigo”, anunció.
Sánchez señaló que incluso está dispuesto a entregar el pasaporte de su defendido y asumir otras medidas destinadas a garantizar su permanencia durante el proceso.
Finalmente, cuestionó el uso de la detención preventiva y el traslado de personas a otros departamentos como mecanismos que, según su análisis, pueden generar desarraigo y presión sobre los investigados.
“Primero investigo, tengo la certeza y luego te detengo”, afirmó al plantear lo que, a su criterio, debería ser el orden adecuado dentro de un proceso penal.