La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar el mandato de las autoridades judiciales generó una ola de críticas desde distintos sectores políticos que rechazan la resolución inconstitucional. Unos calificaron de atentado contra la democracia y otros afirman que no se veló la supremacía de la Constitución Política del Estado (CPE).
Sin embargo desde la perspectiva de Carlos Börth hay preocupación por lo que suceda luego de la finalización del mandato de las autoridades judiciales por el tema de la seguridad jurídica porque sus acciones, pasado el 2 de enero, dice, serán nulas en pleno derecho.
Así tambien, se refirio a temas económicos.