El exdiputado cuestionó la actuación del Ministerio Público y de la justicia, afirmó que la Asamblea Legislativa debe investigar a jueces y fiscales y advirtió que el caso podría quedar en la impunidad.
El exdiputado Amílcar Barral afirmó que la liberación del exjuez Hebert Zeballos, investigado por el caso de las 32 narcomaletas, responde a una actuación irregular del Ministerio Público, al que acusó de dejar vencer los plazos procesales para permitir que los imputados accedan a medidas sustitutivas.
«Han dejado pisarse con los plazos y, obviamente, eso no ha sido sin querer, ha sido totalmente planificado para que tanto Hebert Zeballos y Laura Rojas pidan su detención domiciliaria o medidas sustitutivas», sostuvo Barral en entrevista con el programa De Primera Mano.
Según explicó, la detención preventiva tiene como finalidad que la Fiscalía desarrolle la investigación y presente una acusación, pero aseguró que en este caso «no ha habido acusación, no ha habido investigación, ni mucho menos».
Barral cuestionó que, pese a las imágenes de cámaras de seguridad y otros indicios conocidos públicamente, el proceso no haya avanzado. «Tal parece que los de la justicia son los únicos que no se han enterado que hay tantas pruebas», señaló.
El exlegislador también criticó el uso de un pasaporte diplomático por parte de la exdiputada Laura Rojas, investigada en el caso, y reprochó la falta de pronunciamiento de la Cancillería. «¿Por qué no ha dicho la Cancillería? Yo también me pregunto eso», manifestó.
Respecto a la actuación de los operadores de justicia, aseguró que «el Ministerio Público, la Fiscalía General y la justicia están peor que antes» y denunció la existencia de intereses económicos detrás de las decisiones judiciales.
Barral sostuvo que la Asamblea Legislativa debe asumir un rol activo en la fiscalización del caso. «Tiene la capacidad y el deber de investigar. Puede hacer venir al Fiscal General y al Consejo de la Magistratura para que informen sobre lo que están haciendo esos jueces», afirmó.
En ese contexto, recordó que durante su gestión parlamentaria impulsó una investigación contra exautoridades del Consejo de la Magistratura por presuntas irregularidades en la designación de jueces y aseguró que muchos de esos operadores judiciales continúan ejerciendo funciones.
También comparó el caso narcomaletas con otros procesos en los que, según dijo, imputados obtuvieron detención domiciliaria y posteriormente huyeron del país. Entre ellos mencionó a Dorgathen, la hermana de Sebastián Marset, Franklin Flores y dirigentes procesados por los 53 días de bloqueos.
Finalmente, Barral advirtió que el caso podría dilatarse hasta quedar impune. «Van a dejar pasar el tiempo, los imputados van a tener todas las ventajas de pedir libertad y quién sabe hasta demandar internacionalmente al Estado porque han estado detenidos injustamente», sostuvo.
Asimismo, afirmó que la falta de resultados en la investigación responde a la protección de intereses mayores. «Destapar la caja de Pandora va a ser poco menos que imposible, porque hay impunidad para la gente que maneja mucha plata», concluyó.