El Gobierno presentó este miércoles el proyecto de nueva Ley de Electricidad, considerada la primera de un paquete de “leyes estructurales” orientadas a modernizar sectores estratégicos, atraer inversión privada y fortalecer la economía del país.
Durante el acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que Bolivia necesita generar seguridad jurídica y transformar su aparato productivo para impulsar el crecimiento económico.
“Las inversiones van a venir solamente si existe seguridad jurídica”, sostuvo la autoridad, al señalar que el país aún enfrenta un déficit fiscal que debe corregirse mediante mayores ingresos y dinamización económica.
Lupo indicó que, además de la Ley de Electricidad, el Ejecutivo trabaja en proyectos vinculados a inversiones, minería e hidrocarburos, considerados fundamentales para el desarrollo nacional.
Por su parte, el ministro de Electricidad y Energía, Marcelo Blanco, aseguró que la normativa vigente quedó desactualizada y ya no responde a las necesidades actuales del sector energético.
“La ley que se cuenta en este momento no tiene una relación directa con la Constitución Política del Estado”, afirmó.
La nueva propuesta plantea un modelo más competitivo, con mayor participación privada, incorporación de energías renovables y mecanismos de subasta para proyectos eléctricos.
Entre los principales cambios anunciados figuran la inclusión de energías renovables no convencionales, un nuevo esquema institucional y una regulación orientada a transparentar y hacer más eficiente el mercado eléctrico.
Blanco explicó que el Gobierno busca reducir progresivamente la dependencia del gas natural mediante proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos, además de ampliar la integración energética con países vecinos.
“Lo que se pretende con esta ley es garantizar tarifas equitativas, promover eficiencia, sostenibilidad y un nuevo modelo de mercado eléctrico”, señaló.
La autoridad también indicó que Bolivia apunta a consolidarse como un centro regional de intercambio energético, fortaleciendo conexiones con Brasil, Paraguay, Chile y Argentina para exportar excedentes o importar energía cuando sea necesario.
El Ejecutivo prevé iniciar un proceso de socialización del proyecto con sectores involucrados y organizaciones de la sociedad civil antes de su tratamiento legislativo.