Los gobernadores de ocho de los nueve departamentos se declararon en estado de alerta y establecieron hasta el 31 de octubre de 2026 como plazo para que el Gobierno nacional atienda diez demandas planteadas en el marco de la Agenda 50 50. Entre ellas figuran la transferencia del 15% de la coparticipación tributaria, la devolución del 12% del IDH, la reprogramación y ampliación de recursos para las gobernaciones, la compensación por el incremento del precio del diésel y el desembolso del fideicomiso FAGOBOL.
En su declaración, las autoridades departamentales detallaron los siguientes pedidos:
- Transferencia del 15% de la coparticipación tributaria
Los gobernadores exigen que el 15% de la coparticipación tributaria sea transferido a los Gobiernos Autónomos Departamentales. La propuesta establece que esos recursos sean deducidos del porcentaje administrado por el nivel central, sin afectar los ingresos de las autonomías municipales, indígena originario campesinas ni de las universidades públicas.
- Implementación del Programa de Readecuación Financiera Territorial
Exigen activar de inmediato el cronograma acordado para implementar el Programa de Readecuación Financiera Territorial, aprobado mediante el Decreto Supremo 5686. Piden que primero se concerte con las nueve gobernaciones el contenido del convenio RESTAURA, tomando en cuenta la situación financiera de cada departamento.
Además de la reprogramación de la deuda pública y condiciones de ajuste fiscal, demandan que el programa permita habilitar nuevos recursos para recuperar el equilibrio fiscal de las gobernaciones.
- Abrogación de la Ley 767 y devolución del 12% del IDH
Solicitan a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a las brigadas parlamentarias departamentales aprobar hasta el 31 de octubre el proyecto de ley de abrogación de la Ley 767.
También demandan que durante 2027 se devuelvan los saldos acumulados del FPIEEH y se garantice la devolución del 12% del IDH a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo con el aporte realizado por cada una.
- Paralización de débitos automáticos y devolución de recursos
Piden al nivel central paralizar los débitos automáticos que afectan a las gobernaciones por obligaciones como la emisión de diplomas de bachiller y otras relacionadas con competencias departamentales.
También exigen la devolución inmediata de los recursos transferidos durante 2026 para cubrir el bono viático de vacunación y los prediarios.
- Promulgación de la Ley de Retorno Económico
Exigen al Órgano Ejecutivo promulgar y publicar la Ley de Retorno Económico, sancionada por la Asamblea Legislativa.
El objetivo planteado es que obligaciones que, según los gobernadores, no corresponden a las competencias departamentales, como el bono viático de vacunación y los prediarios, sean asumidas con recursos del Tesoro General de la Nación desde la gestión 2026.
- Liberación del pago por títulos de bachiller
Solicitan el tratamiento de una norma que libere a los Gobiernos Autónomos Departamentales de utilizar recursos propios para financiar la otorgación de títulos de bachiller.
- Tratamiento de tres proyectos de ley
Los gobernadores demandan tratamiento inmediato y prioritario de tres proyectos:
• Modificación de la Ley 154 sobre clasificación y definición de impuestos y regulación para la creación o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos.
• Ley de Fortalecimiento y Garantía de la Autonomía Económica y Financiera de los Gobiernos Autónomos Departamentales, denominada Ley del 50 50.
• Ley Básica de Relaciones Internacionales de los Gobiernos Autónomos.
- Compensación por el mayor costo del diésel
Las gobernaciones señalan que sus presupuestos de 2026 fueron elaborados considerando un precio de Bs6,73 por litro de diésel y que el nuevo precio genera un gasto adicional no previsto.
Por ello, exigen cinco medidas específicas:
• Formalizar mediante una norma concertada con las nueve gobernaciones el apoyo anunciado para la readecuación financiera, con fuente de financiamiento, montos y plazos definidos.
• Transferir recursos extraordinarios del Tesoro General de la Nación para compensar el diferencial del precio del diésel utilizado en servicios y competencias departamentales, especialmente en mantenimiento de caminos, salud y operación de maquinaria y equipos.
• Cubrir esa compensación desde la vigencia del Decreto Supremo 5716 hasta el 31 de diciembre de 2026.
• Autorizar modificaciones presupuestarias y reasignaciones entre partidas y fuentes de financiamiento para cubrir el mayor gasto en combustibles, sin que ese gasto sea contabilizado dentro de los límites de funcionamiento.
• Incorporar en los techos presupuestarios y en el Presupuesto General del Estado 2027 el costo real del diésel para las gobernaciones.
Además, solicitan recibir medidas equivalentes a las otorgadas a los gobiernos municipales y que se garantice el abastecimiento continuo de diésel para los servicios departamentales.
- Desembolso del fideicomiso FAGOBOL
Exigen al Gobierno cumplir el Decreto Supremo 5363, que establece el Fideicomiso de Apoyo Financiero a los Gobiernos Autónomos Departamentales y Regionales, FAGOBOL, y agilizar los trámites administrativos para su inmediato desembolso.
- Estado de alerta y plazo
Como último punto, los gobernadores y gobernadoras se declararon en estado de alerta y exigieron al nivel central del Estado el cumplimiento de todos los puntos planteados hasta el 31 de octubre de 2026.
La declaración fue emitida este jueves 24 de septiembre en Santa Cruz, en el marco del Acuerdo 001 2026 Agenda 50 50, suscrito el 5 de agosto entre el presidente Rodrigo Paz y los gobernadores del país.