El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, afirmó que los 53 días de bloqueos registrados en el país afectaron el desempeño de las exportaciones y estimó que, sin esas interrupciones, el superávit comercial acumulado en los primeros siete meses del año habría alcanzado alrededor de 3.000 millones de dólares, frente a los cerca de 1.900 millones registrados hasta ese momento.
Rodríguez explicó que durante el primer trimestre del año las exportaciones bolivianas habían duplicado su crecimiento respecto al mismo periodo de la gestión anterior. Sin embargo, señaló que los problemas comenzaron en abril, se profundizaron en mayo y junio y provocaron que el crecimiento de las exportaciones se redujera a menos del 40%.
Según el gerente del IBCE, en julio se registró una recuperación con un crecimiento del 55%. A partir de esos resultados, sostuvo que, sin los bloqueos, Bolivia podría haber alcanzado un superávit comercial de alrededor de 3.000 millones de dólares en los primeros siete meses y proyectado ventas externas superiores a 14.000 millones de dólares.
“El hecho de proyectar durante 53 días a un país en permanente conflicto, pero además amenazado, violentado por unos pocos, afectando a millones de personas, pues ha sido un flaco favor que se le ha hecho a Bolivia”, afirmó.
Rodríguez indicó que el perjuicio económico de los bloqueos fue estimado en más de 3.000 millones de dólares y que el sector exportador habría sufrido pérdidas superiores a 1.100 millones de dólares. Añadió que también hubo daños relacionados con penalidades contractuales, pérdidas de bienes y mayores costos de transporte.
El ejecutivo consideró que otro efecto de los bloqueos fue el deterioro de la imagen del país y de la confianza para invertir y hacer negocios. Afirmó que esta situación también genera consecuencias sobre el empleo, los precios, la alimentación y la actividad empresarial.
Sobre el Estado de excepción, Rodríguez señaló que la medida permitió una recuperación paulatina de las actividades económicas al reducirse los bloqueos. Según su análisis, durante este periodo la inflación comenzó a disminuir y aumentó la cantidad de dólares disponible en la economía.
En ese contexto, reiteró la posición del IBCE de impulsar una ley antibloqueo que establezca sanciones penales y económicas por los daños ocasionados. Explicó que la propuesta debería contemplar el resarcimiento al Estado cuando se destruyan carreteras y también a empresas y particulares afectados. Además, planteó que las responsabilidades alcancen no solo a quienes ejecuten los bloqueos, sino también a quienes los financien o promuevan.
Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Rodríguez lo calificó como necesario para enfrentar la escasez de divisas y estabilizar la economía. Señaló que el programa contempla un financiamiento de 1.900 millones de dólares durante 36 meses, aunque aclaró que los recursos no llegarán mediante un solo desembolso.
A su criterio, uno de los principales efectos del acuerdo será la señal que el respaldo del FMI puede enviar a otros organismos internacionales y a los inversionistas. Consideró que ese aval podría facilitar el acceso a financiamiento adicional del Banco Mundial, la CAF y otras instituciones.
Rodríguez sostuvo que el financiamiento debe estar acompañado por reformas económicas que permitan generar condiciones para la inversión nacional y extranjera, aumentar la producción y las exportaciones y crear empleos formales.
También advirtió que las medidas económicas pueden generar costos en el corto plazo y planteó que el Gobierno implemente mecanismos de protección y compensación para los sectores más vulnerables. Afirmó que las reformas deben permitir recuperar la estabilidad económica sin trasladar todo el impacto a las familias con menores recursos.
Finalmente, Rodríguez insistió en que el país necesita previsibilidad y condiciones de estabilidad para que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, puedan invertir, producir y generar empleo.