El director general ejecutivo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Luis Ramiro Peña Peña, presentó una denuncia para el inicio de un juicio de responsabilidades contra los exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Égüez Áñez, por la emisión de un fallo judicial que habría derivado en el pago de más de Bs 2,5 millones a una empresa constructora.
La denuncia fue presentada ante la ventanilla única de la Cámara de Diputados, con el respaldo de la Unidad de Asuntos Jurídicos del FPS. Según la entidad, el Auto Supremo N° 155/2023 instruye el pago de Bs 2.520.490,53 a favor de la Asociación Accidental “H&O”, en el proyecto de pavimentación de la avenida Jacarandá, en Riberalta, por conceptos de mantenimiento y conservación durante la gestión 2020.
El FPS sostiene que no existen respaldos documentales ni antecedentes administrativos que justifiquen dichos costos, y considera que el fallo habría desconocido normas de control gubernamental. “La empresa nunca demostró sus gastos y los exmagistrados ignoraron tanto el contrato como las normas de control”, afirmó Peña, al señalar que la acción busca sentar un precedente en el uso de recursos públicos.