Un reciente fallo judicial en Bolivia marcó un precedente en casos de difamación vinculados a autoridades públicas. La sentencia establece responsabilidad por la vulneración de la imagen y honra de una persona, en un proceso relacionado con el exministro de Gobierno, Arturo Murillo.
El abogado Frank Campero explicó que la decisión judicial “sienta un precedente histórico” al dejar en claro que ninguna persona puede ser expuesta o acusada públicamente sin pruebas. Según detalló, el caso se originó tras la difusión de la imagen de Lourdes Pacheco, quien fue señalada como autora de un delito que no cometió.
Responsabilidad institucional
Uno de los puntos centrales del fallo es que la actuación se realizó en funciones de Estado. Campero precisó que Murillo no actuó como ciudadano particular, sino como autoridad, por lo que “el Estado boliviano tiene que responder económicamente” por los daños ocasionados.
Esto implica que la reparación no recae directamente en la exautoridad, sino en el aparato estatal, lo que abre el debate sobre el costo de las decisiones asumidas por funcionarios públicos y su impacto en la ciudadanía.
Daño a la imagen
El jurista también advirtió que el perjuicio causado no es solo económico. “Es un daño permanente que ni siquiera un resarcimiento va a poder borrar”, sostuvo, al referirse a la afectación a la reputación de la víctima, cuya imagen continúa asociada al caso incluso en internet.