El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó que los incendios forestales registrados en Bolivia tienen incidencia en áreas protegidas y la biodiversidad. Informó que hasta el 21 de julio se contabilizaron 2.835 focos de calor.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó que los incendios forestales registrados en Bolivia tienen incidencia en áreas protegidas y la biodiversidad. Informó que hasta el 21 de julio se contabilizaron 2.835 focos de calor y señaló que estos eventos provocan limitaciones al derecho a la vida, la salud, el medio ambiente y los derechos de la Madre Tierra, además de obligar al desplazamiento de pueblos indígenas originario campesinos.
Durante la presentación del séptimo reporte de la Defensoría del Pueblo sobre incendios forestales, la autoridad afirmó que esta problemática dejó de ser un fenómeno estacional para convertirse en un problema estructural. «Los incendios forestales han dejado de ser algo estacional, algo coyuntural, para convertirse en un problema estructural que afecta derechos humanos y de la Madre Tierra», sostuvo.
Asimismo, advirtió que los efectos de los incendios trascienden el daño ambiental. «Hay una incidencia en áreas protegidas y biodiversidad», afirmó Callisaya, al señalar que las emergencias también afectan a comunidades indígenas originario campesinas, que en algunos casos se ven obligadas a desplazarse hacia otros territorios.
El Defensor recordó que la institución realiza seguimiento a esta problemática desde 2023 y que, tras la acción popular presentada en 2024, se emitió la Resolución Constitucional 233/2024, cuyo cumplimiento continúa siendo evaluado por la Defensoría.
En ese marco, informó que la evaluación evidencia un bajo nivel de cumplimiento de la resolución. Precisó que las acciones de prevención registran un avance del 6%, mientras que la restauración económica alcanza el 1%, las medidas relacionadas con salud y derechos humanos el 2% y la rendición de cuentas y el control institucional también el 1%.
Callisaya señaló que aún persisten debilidades en la respuesta del Estado, entre ellas la activación tardía de los comités operativos de emergencia, la limitada coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la precariedad logística que enfrentan los bomberos voluntarios. «Hay todavía una extrema precariedad logística y esto pone en riesgo su vida, su integridad», afirmó.
La autoridad informó que entre 2024 y 2026 la Defensoría del Pueblo realizó 73 acciones de seguimiento al cumplimiento de la resolución constitucional, emitió 41 notas exhortativas y recordatorios, sostuvo 14 reuniones estratégicas con autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de desarrollar actividades de capacitación dirigidas a gobiernos subnacionales.
Finalmente, exhortó a fortalecer las acciones preventivas, investigar y sancionar las quemas ilegales, proteger las áreas protegidas, restaurar los ecosistemas afectados y reforzar el apoyo a los bomberos. «La prevención debe reemplazar la reacción frente a la ocurrencia de estos incendios. La protección de la Madre Tierra exige el compromiso de todo el Estado», concluyó Callisaya.